Conceptos fundamentales e imposición directa

Que la solicitud o recepción de estos servicios públicos o de estas actuaciones administrativas sea voluntaria.

Que el servicio o la actividad pueda ser realizada también por el sector privado. (En estos casos, el sujeto puede optar libremente entre acudir a la Administración Pública para recibir el servicio o la actividad –habiendo de satisfacer un precio público– o bien solicitarlo al sector privado –habiendo de pagar un precio privado).

La tasa es una obligación legal –obligación ex lege– que no trae su causa de un contrato. En cambio, el precio público sí.

La tasa origina un ingreso de derecho público, lo que comporta la aplicación de un régimen de derecho público (vía de apremio; garantías del crédito tributario; presunción de legalidad de los actos administrativos, etc.). En cambio, este régimen no concurre en el caso de los precios públicos que estarán sometidos a la normativa y principios propios del ámbito del derecho privado.

Período impositivo. Consiste en el período de tiempo dentro del cual el sujeto pasivo realiza y lleva a cabo el hecho imponible del tributo.

Fecha de devengo. Indica el momento en que se produce el nacimiento de la obligación tributaria.

Contribuyente. Es el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible del tributo, y que por tanto, quedará obligado al cumplimiento de las obligaciones materiales y formales derivadas del tributo.

Sustituto del contribuyente. Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la ley, se ha de colocar en el lugar del contribuyente, es decir, en la misma posición jurídica que ostenta el contribuyente y que, por tanto, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal o material, así como también las obligaciones formales inherentes a la misma. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas.

Obligados a realizar pagos fraccionados. Es obligado a realizar pagos fraccionados el contribuyente a quien la ley del tributo impone la obligación de ingresar cantidades a cuenta de la obligación tributaria principal, con anterioridad al momento de su exigibilidad.

Retenedores. Es retenedor la persona o entidad a quien la ley del tributo impone la obligación de retener, declarar e ingresar en la Hacienda Pública, con ocasión de los pagos que tenga que efectuar a favor de otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del tributo que corresponda pagar a estos últimos.

Obligados a practicar ingresos a cuenta. Está obligado a practicar ingresos a cuenta la persona o entidad que abona rentas en especie y a quien la ley impone la mencionada obligación.

Sucesores de personas físicas. Al producirse la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmiten a sus herederos, (sin perjuicio de lo que establece la legislación civil respecto a la adquisición de la herencia). En ningún caso son transmisibles las sanciones.

Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad jurídica. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares serán objeto de transmisión a favor de estos que quedarán obligados, solidariamente, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación correspondiente.

Responsables solidarios

• Los causantes o colaboradores activos de una infracción tributaria.

• Los partícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y otras entidades que, sin tener personalidad jurídica propia, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición.

• Los sucesores en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas respecto de las obligaciones tributarias del anterior titular derivadas de su ejercicio.

• Los causantes o colaboradores en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración Tributaria.

• Aquellos que, por culpa o negligencia, incumplen las órdenes de embargo.

• Aquellos que colaboren o consientan el alzamiento de bienes o derechos embargados.

Responsables subsidiarios

• Los administradores de sociedades que hubiesen cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios para el cumplimiento de los deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por parte de sus empleados o hubiesen adoptado acuerdos posibilitando las infracciones.

• Los administradores de sociedades que hayan cesado en sus funciones, respecto de aquellas obligaciones tributarias pendientes en el momento del cese mencionado, siempre y cuando no hubiesen efectuado todo lo necesario para proceder al pago o bien hubiesen adoptado acuerdos o medidas provocando el no pago.

• Los integrantes de la Administración Concursal y los liquidadores de sociedades que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento íntegro de las obligaciones tributarias.

• Los adquirentes de bienes afectados por ley al pago de la deuda tributaria (art. 79 LGT).

• Los agentes y comisionistas de aduanas siempre y cuando actúen en el nombre y por cuenta de sus comitentes.

• Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, respecto de las obligaciones tributarias derivadas del IVA o de las retenciones a cuenta del IRPF. Esta responsabilidad no será exigible cuando el contratista o subcontratista hubiese aportado al pagador de los rendimientos un certificado específico de la Administración Tributaria acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones tributarias que goza de una validez de doce meses.

Falta de presentación de declaraciones o presentación de declaraciones tributarias falsas, incompletas o inexactas.

Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora.

Incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales.

Desaparición o destrucción de los libros y registros constables o de los justificantes de operaciones –incluidos los supuestos de fuerza mayor.

Tipo de gravamen alícuotas: son aquellos que tienen carácter porcentual y que se aplican sobre bases –imponibles o liquidables– expresadas en dinero. Es el supuesto más frecuente en la práctica.

Tipo de gravamen en sentido estricto: son aquellos que no tienen carácter porcentual y que generalmente se aplican sobre bases no expresadas en dinero, como, por ejemplo, la superficie de un inmueble, la clase de actividad económica desarrollada, el número de habitantes de la población de residencia del sujeto pasivo del tributo, la energía consumida, el número de trabajadores de la empresa, etc.

• Tipos graduales: son las sumas de dinero que varían según el grado de una escala que hace de base imponible.

• Tipos específicos: son las sumas de dinero que han de pagarse por cada unidad en que venga expresada la base sobre la que se aplican.

Tipos proporcionales: son aquellos que se mantienen constantes, es decir, que no varían aunque aumenta la base sobre la que se aplican.

Tipos progresivos: son aquellos que aumentan a medida que también se incrementa la base del tributo.

Tipos regresivos: a una base mayor le corresponden tipos de gravamen inferiores. Actualmente, no están previstos en nuestro ordenamiento tributario español, ya que vulnerarían el principio constitucional de progresividad previsto en el artículo 31 de la Constitución española.

Tipos discrecionales: el legislador establece un máximo y un mínimo y dentro de esta horquilla, posteriormente, se concreta el tipo aplicable en cada caso –normalmente, por parte de la entidad local respectiva.

Tipos fijos: son aquellos establecidos con este carácter por parte del legislador sin que concedan ningún tipo de discrecionalidad en el momento de establecerlos por parte de la Administración que los impone.

Tipos generales u ordinarios: se aplican en la mayoría de los supuestos gravados en el respectivo tributo.

Tipos reducidos o bonificados: son de cuantía inferior a los tipos de gravamen generales u ordinarios.

Tipos incrementados: son lógicamente más altos que los tipos de gravamen generales u ordinarios.

Tarifa estatal: contempla los tipos de gravamen que pertenecen al Estado.

Tarifa autonómica: contempla los tipos de gravamen que determinan la parte de la recaudación del tributo estatal que será objeto de cesión a favor de las comunidades autónomas (tributos cedidos).

Cuota íntegra: es el resultado de aplicar los tipos de gravamen sobre la base imponible o liquidable (tributos variables) o bien aquella cantidad fija señalada al efecto (tributos fijos).

Cuota incrementada: es el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las adiciones o coeficientes enteros previstos legalmente en la normativa tributaria con la consecuencia de provocar un aumento de la cuota a pagar por parte del sujeto pasivo. Ejemplo: impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Cuota líquida: es el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones, bonificaciones y otras medidas desgravatorias, establecidas en función de determinadas circunstancias personales y familiares del contribuyente y que comportan como resultado final una disminución del importe de la cuota tributaria a satisfacer.

Cuota diferencial: es el resultado de minorar la cuota líquida en el importe de las deducciones, pagos fraccionados, retenciones a cuenta, ingresos a cuenta y cuotas conforme a la normativa de cada tributo.

Cuota tributaria. Es el primer y más relevante componente de la deuda tributaria.

Retenciones a cuenta; ingresos a cuenta y pagos fraccionados.

Intereses de demora. El interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores en materia tributaria como consecuencia de la realización de un pago fuera del plazo establecido legalmente o bien de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar, una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una devolución improcedente o en el resto de supuestos previstos en la normativa tributaria. El interés de demora será el interés legal del dinero vigente en el transcurso del período impositivo en que aquel resulte exigible, aumentado en un 25%, excepto que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. A pesar de ello, en los supuestos de aplazamiento y fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas totalmente mediante un aval solidario de una entidad de crédito o una sociedad de garantía recíproca o a través de un certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal. La finalidad del interés de demora es puramente compensatoria o indemnizadora, ya que pretende indemnizar a la Administración Tributaria –acreedora– por el perjuicio económico directo ocasionado como consecuencia del retraso en la satisfacción de la deuda tributaria. A su vez, también intenta evitar una situación de enriquecimiento injustificado por parte del contribuyente –deudor– al disponer de unas cantidades dinerarias durante más tiempo del previsto como consecuencia de haber pagado el importe de la deuda con retraso (artículo 26 LGT).

Recargos por declaración extemporánea. Son prestaciones accesorias que han de satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera del plazo legalmente establecido (de forma extemporánea) y sin requerimiento previo de la Administración Tributaria (es decir, de manera espontánea). Finalmente, el recargo por declaración extemporánea será un porcentaje igual al 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso. Si la presentación se efectúa una vez transcurridos 12 meses el recargo será del 15%.

Recargos del período ejecutivo. Existen tres recargos del período ejecutivo, según el artículo 28 de la Ley General Tributaria:

• Recargo ejecutivo: es del 5% y procede su aplicación cuando tiene lugar la satisfacción del importe de la deuda tributaria dentro del período comprendido entre el comienzo del período ejecutivo y la fecha de la notificación de la providencia de apremio. (No se exigirán los intereses de demora devengados desde el comienzo del período ejecutivo).

• Recargo de apremio reducido: es del 10% y procede su aplicación cuando se produce el abono de la deuda una vez notificada la providencia de apremio, pero dentro de los plazos de pago establecidos en el artículo 65.2 de la LGT. (No se exigirán los intereses de demora devengados desde el comienzo del período ejecutivo).

• Recargo de apremio ordinario: es del 20% y procede aplicarlo cuando la satisfacción de la deuda se produce una vez finalizados los plazos señalados anteriormente. El recargo de apremio ordinario es el único compatible con los intereses de demora.

Recargos exigibles legalmente a favor del Estado o de otros entes públicos.

Las liquidaciones que sean practicadas dentro del procedimiento inspector, previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria.

Las demás liquidaciones a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter.

La identificación del obligado tributario.

Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.

La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa tributaria efectuada por el obligado, con expresión de los hechos y de los fundamentos de derecho.

Los medios de impugnación que puedan ejercerse, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo de interposición.

El lugar, plazo y forma en que debe satisfacerse la deuda tributaria.

Su carácter de liquidación provisional o definitiva.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: la notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por parte del obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno de los dos.

En los procedimientos iniciados de oficio: la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar de desarrollo de la actividad económica o en cualquier otro lugar adecuado a tal fin.

Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o su representante, o bien en el domicilio fiscal de cualquiera de ellos, de no hallarse presentes en el momento de la entrega de la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios del inmueble.

El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma.

Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la Administración y se haya intentado al menos dos veces en el domicilio fiscal o en el lugar designado por el interesado (en el procedimiento iniciado a solicitud del interesado), se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación, siendo suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar. En este supuesto, se citarà al obligado o a su representante para ser notificados a través de comparecencia por medio de anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado o en los boletines de las comunidades autónomas o de las provincias –por una sola vez para cada interesado. Dicha publicación oficial se efectuará los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día hábil inmediato posterior. Estos anuncios podrán exponerse, asimismo, en la oficina de la Administración Tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido y, si este radicara en el extranjero, el anuncio se expondría en el consulado o embajada correspondiente.

En la publicación de los boletines oficiales constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva; el órgano competente para su tramitación, y el lugar y plazo en que el destinatario deberá comparecer para ser notificado. En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el boletín oficial. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no comparecencia del obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán notificarse.

Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.

Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, herencias yacentes y comunidades de propietarios).

Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español.

Entidades cuyo NIF empiece por la letra V y corresponda con uno de los siguientes tipos: agrupación de interés económico, agrupación de interés económico europea, fondo de pensiones, fondo de capital riesgo, fondo de inversiones, fondo de titulización de activos, fondo de regularización del mercado hipotecario, fondo de titulización hipotecaria, fondo de garantía de inversiones.

Uniones temporales de empresas.

Contribuyentes inscritos en el Registro de Grandes Empresas.

Contribuyentes que tributen en el régimen de consolidación fiscal del IS.

Contribuyentes que tributen en el régimen especial del grupo de entidades del IVA.

Contribuyentes inscritos en el REDEME.

Contribuyentes con autorización para la presentación de declaraciones aduaneras mediante el sistema de transmisión electrónica de datos (EDI).

Deudas resultantes de una autoliquidación: el pago debe efectuarse dentro de los plazos establecidos por la normativa específica del tributo en cuestión.

Deudas derivadas de liquidaciones practicadas por la Administración: el plazo está en función del día en que se notifiquen o se entiendan notificadas:

• Si se notificaron entre el día 1 y el 15 del mes, el pago deberá efectuarse desde el día de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior si aquel fuese inhábil).

• Si se notificaron entre el día 16 y el último día del mes (28, 29 –febrero– o 30 y 31 –resto meses–), deberá procederse al pago desde el día de su notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior (o el día hábil inmediato siguiente).

Deudas de notificación colectiva y periódica: su pago deberá realizarse en los plazos que establezca la normativa específica reguladora de la obligación tributaria. En defecto de norma expresa, el pago se efectuará entre el día 1 de septiembre y el 20 de noviembre (o el día inmediato hábil siguiente si aquel fuese inhábil).

Deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados: la deuda deberá pagarse en el momento de la realización del hecho imponible, salvo que la normativa específica establezca unas reglas distintas.

Deudas aduaneras y fiscales derivadas de operaciones de comercio exterior: deberán pagarse atendiendo a lo que disponga su normativa reguladora en cada caso, sin que en la Ley General Tributaria aparezca una norma especial.

En el caso de deudas liquidadas por la Administración Tributaria: el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso (artículo 62 LGT).

En el caso de deudas tributarias mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso: el día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para efectuar dicho ingreso o, si este ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.

Recargo ejecutivo: es del 5% y procede su aplicación cuando tiene lugar la satisfacción del importe de la deuda tributaria dentro del período comprendido entre el comienzo del período ejecutivo y la fecha de la notificación de la providencia de apremio. No se exigirán los intereses de demora devengados desde el comienzo del período ejecutivo.

Recargo de apremio reducido: es del 10% y procede su aplicación cuando se produce el abono de la deuda una vez notificada la providencia de apremio pero dentro de los plazos de pago establecidos en el artículo 65.2 de la LGT. No se exigirán los intereses de demora devengados desde el comienzo del período ejecutivo.

Recargo de apremio ordinario: es del 20% y procede aplicarlo cuando la satisfacción de la deuda se produce una vez finalizados los plazos señalados anteriormente. El recargo de apremio ordinario es el único compatible con los intereses de demora.

Es exclusivamente administrativo: la competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración Tributaria.

No resulta acumulable a los procedimientos judiciales ni a otros procedimientos de ejecución: su iniciación o tramitación no se suspenderá por haberse iniciado aquellos, salvo cuando ello proceda (conforme a la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales o al artículo 164 LGT sobre concurrencia de procedimientos).

Se iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites.

Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros establecidos por la normativa tributaria.

El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados (siempre que la incidencia de los documentos falsos o falseados represente > 10% de la base de la sanción).

La utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, haya hecho figurar a nombre de un tercero (con o sin su consentimiento) la titularidad de los bienes o derechos, la obtención de las rentas o ganancias patrimoniales, o la realización de las operaciones con trascendencia tributaria de las que se deriva la obligación tributaria cuyo incumplimiento constituye la infracción objeto de sanción.

El incumplimiento absoluto de la obligación de llevanza de la contabilidad o de los libros o registros establecidos en la normativa tributaria.

La llevanza de contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la empresa.

La llevanza incorrecta de los libros de contabilidad o de los libros o registros establecidos por la normativa tributaria (mediante la falsedad de asientos, registros o importes, la omisión de operaciones realizadas o la contabilización en cuentas incorrectas de forma que se altere su consideración fiscal). La apreciación de esta circunstancia requerirá que la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros represente > 50% del importe de la base de la sanción.

Ingreso total del importe restante de dicha sanción en período voluntario o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que la Administración Tributaria conceda con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el obligado tributario haya solicitado con anterioridad a la finalización del plazo voluntario de pago.

No interponer recurso o reclamación contra la liquidación ni la sanción.

Estar constituida conforme a las leyes españolas.

Tener el domicilio social en territorio español.

Tener la sede de dirección efectiva en territorio español (se entiende que una entidad tiene la sede de su dirección efectiva en territorio español cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades).

La entidad radique en un país o territorio de nula tributación o considerado como paraíso fiscal.

Sus activos principales, directa o indirectamente, consistan en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, o cuando su actividad principal se desarrolle en este.

El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto.

El importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por las mencionadas rentas si se hubiesen obtenido en territorio español.

Que la participación directa o indirecta en la sociedad no residente sea al menos del 5%, o bien que el valor de adquisición de la participación en la entidad no residente sea superior a 20 millones de euros.

Que la participación se hubiera poseído durante un año de manera ininterrumpida.

Investigación y desarrollo (I+D).

Innovación tecnológica (i).

La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos de I+D y por las inversiones en elementos del inmovilizado material e intangible excluidos los edificios y terrenos.

El porcentaje de deducción: el 25% de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto (puede incrementarse si los gastos son superiores a la media de los efectuados en los dos años anteriores. En este caso se aplicará el 25% hasta dicha media y el 42% sobre los gastos que excedan de esa media).

+ Deducción adicional del 17% sobre los gastos del personal de la entidad correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de I+D.

+ Deducción del 8% de las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible que se encuentren afectos de manera exclusiva a las actividades de I+D, excluidos los edificios y terrenos.

Base de deducción. La cantidad correspondientes a los gastos de innovación tecnológica definidos en la LIS, efectuados en el período impositivo.

Porcentaje: 12%.

Importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación.

Importe correspondiente a 12 mensualidades de la prestación por desempleo que tuviera reconocida.

Estas deducciones se aplicarán en la cuota íntegra del período impositivo correspondiente a la finalización del período de prueba de un año exigido en el correspondiente tipo de contrato, y estarán condicionadas al mantenimiento de esta relación laboral durante al menos tres años desde la fecha de su inicio.

Posibilidad de aplicar la deducción proporcional en el supuesto de contratos a tiempo parcial.

El trabajador que diera derecho a alguna de las deducciones anteriores no se computará a efectos del incremento de plantilla para la libertad de amortización de las entidades de reducida dimensión (art. 102 de la LIS) (véase epígrafe 10.2 de este capítulo).

9.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33% e inferior al 65%, contratados por el contribuyente, experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato anterior.

12.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 65%, contratados por el contribuyente, experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del período inmediato anterior.

Estas deducciones se practicarán una vez realizadas las deducciones por doble imposición internacional y las bonificaciones de los artículos 33 y 34.

Límite temporal: las cantidades no deducidas podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos. Las cantidades correspondientes a la deducción por actividades de I+D+i podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.

Límite cuantitativo. El importe de las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades, aplicadas en el período impositivo, no puede exceder conjuntamente del 25 % de la cuota íntegra minorada en las deducciones, para evitar la doble imposición internacional y en las bonificaciones. Para las deducciones de I+D+i el límite se eleva hasta el 50% cuando el importe de las deducciones por actividades de I+D+i exceda del 10% de la cuota íntegra del ejercicio, minorada en las deducciones para evitar la doble imposición internacional y las bonificaciones.

La Administración tiene un plazo de 10 años para iniciar procedimientos de comprobación de estas deducciones.