El problema de la determinación del derecho
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Índice
- Introducción
- Objetivos
- 1.Planteamiento del problema
- 2.Problemas de indeterminación
- 3.Problemas de subdeterminación: las lagunas
- 4.Problemas de sobredeterminación: los conflictos normativos
- 5.El funcionamiento de los principios
- Resumen
- Actividades
- Ejercicios de autoevaluación
- Glosario
- Bibliografía
Introducción
Una de las tendencias más importantes de la filosofía del derecho contemporánea es
su insistencia en los problemas que presenta la indeterminación del derecho. Desde
un punto de vista práctico, puede decirse que a un jurista le interesa determinar
hasta qué punto los materiales jurídicos que son identificados en base a la regla
de reconocimiento sirven para dar respuesta a los conflictos jurídicos que acaban
desembocando en los tribunales. Si todos los elementos que sirven para tomar decisiones
en el ámbito jurisdiccional, en el que se resuelven casos concretos por parte de los
jueces y tribunales, están previamente determinados por las normas generales promulgadas
por el legislador, entonces la actividad de los jueces es puramente mecánica y sus
decisiones no suponen una innovación del derecho previamente existente sino una simple
aplicación. Pero esto, actualmente, es sostenido por pocos autores. Si acaso, fue
defendido por el formalismo estricto en épocas pretéritas. En la actualidad, los filósofos
del derecho suelen rechazar o bien que la actividad de los jueces sea simplemente
mecánica, o bien que esa actividad consista en la aplicación de normas precedentes,
o ambas cosas a la vez.
En este módulo analizaremos tres problemas que afectan a la determinación del derecho.
Se trata de los problemas de indeterminación, de subdeterminación y sobredeterminación.
Al final del trayecto comprobaremos que resulta muy difícil negar que exista cierto
grado de discrecionalidad por parte de los jueces a la hora de tomar sus decisiones
jurisdiccionales.
Objetivos
Los objetivos que se persiguen con este módulo son los siguientes:
-
Conocer los problemas de indeterminación, de subdeterminación y de sobredeterminación y cómo afectan a una concepción acerca de lo que es el derecho.
-
Respecto a la indeterminación, analizar las cuestiones relativas a la interpretación.
-
Estudiar diversos aspectos problemáticos que surgen del hecho de que las normas jurídicas se expresen a través del lenguaje natural.
-
Analizar críticamente las distintas teorías sobre la interpretación jurídica.
-
Comprender la importancia de los conceptos esencialmente controvertidos.
-
Respecto a la subdeterminación, ser consciente de los problemas que plantea para un juez el hecho de que existan lagunas en el derecho.
-
Conocer las implicaciones del empleo de los argumentos a contrario y analógico a la hora de colmar lagunas.
-
Respecto a la sobredeterminación, ser consciente de los problemas que plantea para un juez el hecho de que existan contradicciones normativas.
-
Conocer los criterios de resolución de antinomias, pero sabiendo que no siempre son suficientes para resolverlas.
-
Analizar el funcionamiento de los principios jurídicos, conociendo en qué consisten y qué papel juegan en el razonamiento judicial.
-
Estudiar la ponderación como mecanismo para resolver las colisiones entre principios.
1.Planteamiento del problema
La situación que se acaba de describir en la introducción conlleva también un cambio
en el enfoque del análisis del derecho. Si durante mucho tiempo los estudios de los
teóricos del derecho tenían la actividad del legislador como el centro básico de su
análisis, ahora el centro se ha desplazado del momento de la legislación al momento
de la adjudicación o aplicación del derecho. Las decisiones del intérprete y del juez
ocupan el lugar privilegiado que antes ocupaban las decisiones del legislador como
objeto de estudio.
Este desplazamiento, sin embargo, podría decirse que ha llegado demasiado lejos. En
efecto, si admitimos que una de las funciones esenciales de todo sistema jurídico
es la de guiar las conductas futuras tanto de los jueces como del resto de los ciudadanos,
lo cual parece difícilmente discutible, entonces no se justificaría el énfasis excesivo
en la fase de adjudicación del derecho en detrimento de la fase de creación legislativa.
Este cambio de interés cognoscitivo respecto al análisis del derecho, pues, no debe
hacernos perder de vista que ambas fases constituyen partes importantes de la práctica
jurídica y merecen consideración. De ahí que, aunque en este módulo prestaremos especial
atención a la segunda de las fases citada, ello no se hace con la intención de oscurecer
la importancia de la primera.
El objeto principal de atención en lo que sigue será examinar en qué medida las normas
identificadas por la regla de reconocimiento de un concreto sistema jurídico determinan
el resultado de un caso que se plantea ante un juez. Aunque normalmente todas las
cuestiones que plantearemos se engloban bajo el concepto genérico de indeterminación,
aquí se empleará un concepto más restringido de indeterminación, distinguiéndolo de
los conceptos de subdeterminación y sobredeterminación. Así, los problemas que afectan
a la determinación de la norma concreta que el juez debe aplicar pueden ser divididos
en tres clases.
En primer lugar, podemos encontrar supuestos de indeterminación, que tienen que ver
con las dudas que se plantean acerca de si un caso cae bajo el ámbito de aplicación
de una norma o no. Las normas jurídicas son expresables a través del lenguaje, en
concreto del lenguaje natural. Pero entre la emisión de ciertos enunciados por parte
de las autoridades legislativas y la aplicación de normas a casos concretos, se hace
indispensable proceder a atribuirles significado. Sólo así se hace posible la adecuación
del comportamiento tanto de jueces como de ciudadanos en general a lo dispuesto por
esos enunciados. Puesto que atribuir significado a textos es una actividad interpretativa,
en el apartado 2, "Problemas de indeterminación", se analizan algunos problemas de
interpretación.
Además, las normas jurídicas no aparecen de forma aislada, sino formando parte de
un sistema jurídico. Esto tiene consecuencias a la hora de determinar la solución
al caso concreto. Puede ocurrir que un caso genérico no se encuentre regulado por
el sistema jurídico. Cuando ello ocurre, puede hablarse de la existencia de una laguna.
Ello supone un problema de subdeterminación. Los problemas que lleva aparejada esta
cuestión se abordan en el apartado 3, "Problemas de subdeterminación: las lagunas".
Por último, puede suceder que formen parte del sistema jurídico dos o más normas que
regulen un caso y que lo hagan de manera incompatible, lo cual plantea un problema
que puede ser calificado de sobredeterminación. Esta circunstancia requiere que se
examinen los conflictos normativos, algo que se lleva a cabo en el apartado 4, "Problemas
de sobredeterminación". Debido a su peculiar conformación e importancia, se reserva
el apartado 5, "El funcionamiento de los principios", para el examen del papel de
los principios, en general, y la colisión entre los mismos, en particular.
2.Problemas de indeterminación
2.1.La interpretación jurídica
La actividad interpretativa es de enorme importancia en el ámbito jurídico por cuanto
resulta imprescindible realizarla en un momento tan decisivo como es el de la aplicación
del Derecho por parte de los jueces y tribunales. Sin embargo, esta circunstancia
no debe llevar a la conclusión errónea de que únicamente los jueces son capaces de
interpretar. Toda persona, aunque no sea jurista, puede hacerlo, aunque su interpretación
no tenga la misma relevancia jurídica. Ahora bien, ¿a qué llamamos 'interpretación'?
La interpretación jurídica es la interpretación de textos, bien sea como actividad
de descubrir o decidir el significado de algún documento o texto jurídico, o el resultado
o producto de esa actividad, es decir, a lo que se llega a través de aquella actividad.
Después comprobaremos que el hecho de entender la actividad interpretativa como una
actividad de descubrimiento, de decisión o una combinación de ambas, permite diferenciar
distintas teorías de la interpretación.
Interpretación de normas
En ocasiones, los juristas hablan de interpretación de normas. Esta forma de expresarse
es correcta si por 'norma' se entiende un texto normativo, pero si por 'norma' se
entiende el significado del texto normativo, como suele ser más habitual, entonces
resulta confuso hablar de interpretación de normas, ya que éstas no serían el objeto
de la actividad interpretativa sino su resultado. Por tanto, diremos que se interpretan
textos (enunciados) normativos, cuyo significado son normas, pero no que se interpretan
normas (¿cómo podría atribuirse significado al significado?).
Muchos juristas utilizan el vocablo interpretación para hacer referencia a la atribución de significado a un texto o formulación normativa
sólo cuando existen dudas o controversias en torno al mismo. Éste sería un concepto
restringido de interpretación jurídica, que proviene de la máxima latina: in claris non fit interpretatio. Si se asume este concepto, entonces no se puede hablar de interpretación cuando
un texto sea claro y no dé lugar a dudas o controversias. Únicamente serían objeto
de interpretación los textos oscuros.
Otras veces, en cambio, se habla de 'interpretación' para referirse a cualquier atribución
de significado a una formulación normativa, con independencia de que existan dudas
o controversias. En este sentido, cualquier texto requiere siempre interpretación.
Quien adopta este segundo concepto pone en entredicho la distinción entre textos claros y textos oscuros, en la que se basa quien sostiene el concepto restringido de interpretación jurídica
(Guastini, 2000, pág. 5 y sig.). Podría decirse, en efecto, que la claridad y la oscuridad
no son cualidades intrínsecas de un texto que precedan a la interpretación. Por el
contrario, son ellas mismas fruto de la adscripción de un significado a un texto,
ya que, por un lado, únicamente después de interpretado un texto podrá decidirse si
es claro u oscuro, y, por otro, porque puede existir controversia acerca de esas mismas
características: lo que puede resultar claro para unos puede resultar oscuro para
otros. Además, puede añadirse que un texto es claro sólo si los intérpretes concuerdan
sobre su significado, o, al menos, que lo es en la medida en que exista ese acuerdo.
Pero si esto es así, entonces la claridad ya no es una propiedad del texto, sino fruto
de varias decisiones interpretativas que concuerdan. Ésta es una buena razón para
mantener el concepto amplio de interpretación jurídica.
2.2.Problemas derivados del lenguaje
Para intentar facilitar la comunicación de aquello que el derecho requiere de sus
destinatarios, las normas jurídicas se expresan a través de lenguajes naturales. Son
ejemplos de lenguaje natural los idiomas que solemos utilizar para comunicarnos en
la vida ordinaria, por ejemplo, el castellano, el inglés, el francés, etc.
Una particularidad de los lenguajes naturales es que suelen cumplir la función de
comunicación de manera bastante aceptable, pero a costa de un grado considerable de
imprecisión. En ciertos ámbitos se utilizan entonces lenguajes formales (por ejemplo,
la lógica o las matemáticas) que se caracterizan justamente por eliminar esa imprecisión.
Pero, a cambio, son poco adaptables a las necesidades de la comunicación en nuestra
vida cotidiana.
Los textos normativos están formulados, pues, en lenguaje natural para facilitar precisamente
la comprensión del mensaje. Por esta razón, todos los problemas que presenta este
tipo de lenguaje a la hora de poder determinar con precisión el significado de las
expresiones utilizadas se trasladarán a la actividad de interpretación jurídica, que
consiste precisamente en la atribución de significado a los textos normativos. Estos
problemas son la ambigüedad, la vaguedad y la textura abierta del lenguaje. Una palabra
es ambigua si, según el uso que hace de ella una determinada comunidad lingüística,
tiene más de un significado. Normalmente, la ambigüedad puede ser resuelta por el
contexto lingüístico en el que aparece la palabra y por la situación empírica en la
que fue usada. Por ello, centraremos nuestra atención en los problemas de vaguedad
y de textura abierta.
2.2.1.Vaguedad
La vaguedad se da en relación con las palabras de clase o expresiones generales (es
decir, sustantivos que no son nombres propios). Las palabras de clase tienen dos funciones:
denotar y connotar. La denotación o extensión de una palabra está compuesta por los
objetos por ella nombrados, es decir, los objetos que constituyen la clase que nombra.
La denotación de la expresión "ser humano" está formada por todos y cada uno de los
seres humanos. La connotación o intensión de una palabra consiste en el conjunto de
propiedades que un objeto debe tener (según el criterio que se emplee) para ser nombrado
por la palabra. En este ejemplo, la connotación de la expresión 'ser humano' podría
ser 'animal racional'. Puede decirse, pues, que la connotación o intensión constituye
el criterio de aplicación de la palabra. Si en un determinado lenguaje una palabra
sirve para designar el conjunto de propiedades A, B, y C, entonces todos los objetos del universo del discurso quedan automáticamente clasificados
en dos grupos distintos: el de los objetos que tienen tales propiedades y el de los
que no las poseen. Sólo a los primeros les será de aplicación la palabra.
Cuando se trata de establecer cuáles son los objetos nombrados por una palabra de
clase o expresión lingüística general, puede suceder que la misma se refiera, sin
duda alguna, a ciertos objetos; que, sin duda, no se aplique a otros; pero que haya
otros objetos a los que es dudoso si la palabra se aplica o no. Cuando esto sucede,
decimos que el significado expresado por la palabra o expresión es vago.
Este es un problema de imprecisión del lenguaje distinto al de la ambigüedad, ya que
ahora no estamos frente al desconocimiento del significado de una palabra (puede ser
que lo tengamos muy claro después de haber analizado el contexto y la situación, o
simplemente lo hayamos estipulado), sino de la indeterminación de la extensión o denotación
de la palabra en relación con su connotación o intensión.
La vaguedad
Como explicación del fenómeno de la vaguedad se suele utilizar la metáfora del foco
de luz. El significado de una palabra sería como un foco de luz con el que iluminamos
el mundo. Habría, así, una zona de total luminosidad, en la que existiría un criterio
automático de aplicación de la palabra a determinados objetos (que caerían dentro
del haz luminoso), otra de total oscuridad, en la que tendríamos un criterio de exclusión
automático de aplicación de la palabra a determinados objetos, y, por último, una
zona de penumbra que se caracterizaría porque en ella se carece de criterio automático
de aplicación o de exclusión del término. Es la existencia de esta zona de penumbra
la que permite afirmar que el significado de una expresión es vago (1) .
En los casos de vaguedad, la decisión respecto de si un objeto está o no incluido
en el campo de aplicación de la palabra pasa a ser el resultado de un acto de voluntad
y no supone un acto de conocimiento basado en un saber lingüístico.
Una persona con gran competencia lingüística sigue teniendo el mismo problema: debe
tomar una decisión basada en razones extralingüísticas en los casos que caen en la
zona de penumbra.
2.2.2.La textura abierta del lenguaje
El hecho de no tener dudas sobre la aplicación de una palabra o haber eliminado la
vaguedad a través de la decisión a la que antes se aludió, no debe llevarnos a pensar
que hay conceptos generales que no son vagos, porque todos lo son, aunque sea potencialmente.
El desconocimiento que tenemos de las propiedades que pueden llegar a tener en el
futuro los objetos hace posible esa vaguedad potencial, llamada por Waismann "textura
abierta del lenguaje".
Si se nos pide que hagamos explícita la connotación de una palabra, podemos indicar
un cierto número de propiedades definitorias y creer que el resto de propiedades posibles
no incluidas entre ellas están excluidas como no relevantes. Sin embargo, esta creencia
es errónea.
En puridad, sólo pueden considerarse excluidas como irrelevantes las propiedades que
han sido tomadas en consideración, pero no las que no lo han sido.
Cuando se presenta un supuesto en el que aparece alguna o algunas de estas propiedades
que no habíamos tomado en consideración, es normal que surjan dudas que no pueden
ser eliminadas por un proceso mecánico o deductivo a partir del significado usual
de la palabra. En este sentido, puede decirse que el uso de esa palabra está abierto,
no decidido de una vez por todas. Como dice Waismann, cuando pensamos haber delimitado
completamente las palabras de clase, el caso insólito nos muestra que en un aspecto
no contemplado faltaba tal determinación.
No existe un criterio que sirva para incluir o excluir todos los casos posibles, por
la sencilla razón de que no podemos prever todos los casos posibles.
No podemos agotar la descripción de un objeto ni, por tanto, formular una lista completa
de todas las propiedades con relación a las cuales pueden registrarse variantes o
combinaciones de eventual relevancia. Y no podemos, simplemente, porque es imposible
prever empíricamente la aparición en los objetos de propiedades que no poseían en
el momento en que se eligieron las propiedades definitorias de la palabra para designarlos.
Ésta es una idea especialmente fructífera en el ámbito jurídico. Si bien hay que decir
que no tiene sentido dar ejemplos de normas que presenten esta textura abierta, ya
que ello podría ocultar el hecho de que todas las normas tienen esa vaguedad potencial. Si se regula el comportamiento de una sociedad
a través de normas generales y abstractas, el uso de las palabras generales, y con
ellas la vaguedad, resulta inevitable.
Sí que es interesante destacar, en cambio, que ni la vaguedad actual ni la potencial
deben ser consideradas siempre como defectos. A veces, su presencia permite mantener
las mismas formulaciones normativas vigentes durante mucho tiempo. Es decir, posibilita
que, sin proceder a su derogación, aquéllas se vayan adaptando, a través de las sucesivas
interpretaciones, a los cambios sociales que modifican la denotación usual de ciertos
términos. Ello ocurre porque, en ocasiones, puede variar la denotación de un concepto
sin que se modifique su connotación.
Un ejemplo característico de este proceso de adaptación de las formulaciones normativas
que la vaguedad facilita, lo encontramos en expresiones tales como "bienes de lujo"o
"bienes necesarios". La denotación de estas expresiones puede variar ostensiblemente
con el paso del tiempo, sin que cambie su connotación. Cuando apareció el frigorífico,
éste era considerado un bien de lujo; ahora difícilmente se incluiría este objeto
dentro de la denotación de aquella expresión y tal vez pasaría a formar parte de la
extensión de la segunda. Si un determinado orden jurídico establece que, en caso de
que el deudor no pague su deuda, se le puedan embargar sus bienes –salvo aquellos
que sean necesarios–, entonces, en un momento determinado, un frigorífico podría considerarse
un bien embargable (por entrar en la categoría de los bienes de lujo) y en un momento
posterior ser considerado inembargable (por tratarse de un bien necesario). Este cambio
normativo es producto de una variación en la interpretación, sin que se haya modificado
la formulación normativa correspondiente, por ejemplo la que dice: "Los bienes necesarios
serán inembargables".
2.3.Teorías de la interpretación jurídica
Dado que interpretar consiste en determinar el significado de una formulación normativa
dada, puede llamarse "enunciado interpretativo" a una expresión de la forma "F significa
S", donde "F" representa una formulación normativa determinada y "S" un significado
definido.
La discusión teórica acerca de la fuerza, descriptiva o no, que poseen los enunciados
interpretativos (2) es una discusión todavía abierta. A continuación, veremos tres concepciones diferentes
de la interpretación (cognoscitivista, no cognoscitivista e intermedia), que debaten
al respecto.
2.3.1.El derecho siempre está determinado
Para la concepción cognoscitivista, interpretar una formulación normativa F es, en cualquier caso, detectar el significado de F, informando que F tiene el significado S. De acuerdo con esta concepción, la interpretación del Derecho tiene como resultado
enunciados interpretativos proposicionales, susceptibles de verdad o falsedad.
La interpretación del derecho es una actividad cognoscitiva sobre cuya base es siempre
posible determinar unívocamente el significado de los textos considerados. Cada cuestión
jurídica admite, así, una única respuesta correcta: la que hace que el enunciado interpretativo
sea verdadero. Se podría hacer referencia a dos teorías que, con muchas diferencias
entre ellas, encajan dentro de las concepciones cognoscitivistas. Se trataría del
formalismo jurídico y de la doctrina de la respuesta correcta de Ronald Dworkin.
El formalismo jurídico se basa en el mito de la certeza del Derecho. Para entender sus postulados, es preciso
recordar que esta corriente de pensamiento nace de forma paralela al movimiento de
la Ilustración, al desarrollarse una concepción jurídica consistente en sostener la
existencia de un derecho universal y eterno, no fundado en la voluntad de Dios, sino
en la razón humana. Los juristas racionalistas pretendieron construir grandes sistemas
jurídicos, análogos a los que constituían los sistemas axiomáticos de la geometría.
De los axiomas, se deducirían normas para todos los casos jurídicamente relevantes,
formándose de este modo sistemas precisos (sin problemas de indeterminación), completos
(sin problemas de subdeterminación) y coherentes y no redundantes (sin problemas de
sobredeterminación). Pero estos autores no podían por menos que reconocer que en el
siglo XVIII los derechos positivos a los que se enfrentaban carecían de estas características
racionales. No obstante, su crítica surtió efecto y dio lugar, junto a otros factores,
al movimiento de codificación que se difundió en Europa desde mediados del siglo XVIII
y durante todo el siglo XIX. Un momento importante de este proceso fue, por ejemplo,
la promulgación del código de Napoleón de 1804.
Los códigos ejercieron una verdadera fascinación entre los juristas, de tal modo que
poco a poco se fue instalando en el pensamiento de la llamada ciencia jurídica dos
ideas clave que caracterizarían al formalismo jurídico. Por un lado, la reverencia
ante los textos legales y, por otro, la adopción del modelo del legislador racional.
Estos rasgos se podían hallar, por ejemplo, en la escuela de la exégesis francesa,
para la cual la legislación es la única fuente legítima del derecho y la única forma
admitida de interpretación es la que alude a la intención del legislador. En esta
misma línea encontramos la jurisprudencia de conceptos alemana, cuyos rasgos principales
eran los siguientes:
-
Adhesión al derecho legislado como fuente casi exclusiva del derecho.
-
Suposición de que el derecho legislado es preciso, completo y coherente.
-
La ciencia jurídica debía proceder a una utilización combinada de diversos conceptos con el objetivo de obtener las reglas implícitas en el derecho legislado.
-
Limitación de la tarea del juez a una actividad puramente cognoscitiva, sin que deba hacer evaluaciones de las consecuencias prácticas de sus decisiones, las cuales se deben extraer mecánicamente del derecho legislado y las reglas que le ofrece la ciencia jurídica.
Estas ideas se extendieron con matices y variaciones hasta impregnar buena parte de
la ciencia jurídica, al menos hasta tiempos recientes. En definitiva, el formalismo
jurídico en sus distintas versiones acaba viendo la tarea del juez como la de alguien
que aplica de manera mecánica un silogismo práctico en el que la premisa mayor consiste en una norma de derecho
legislado, la premisa menor es la descripción de un hecho concreto, y la conclusión
es una norma individual que consiste en la aplicación de la consecuencia jurídica
prevista por el legislador en una norma general a un supuesto particular.
El formalismo puede ser criticado por varias razones. En primer lugar, porque el recurso
al legislador racional encubre una actitud ideológica y no científica, como se pretende.
Los legisladores de carne y hueso no poseen más virtudes que el resto de sus congéneres,
ni tienen poderes mágicos para expresarse con absoluta precisión, y evitar así los
problemas de indeterminación. Por otro lado, seguramente muchos formalistas sostienen,
auque sea implícitamente, una concepción esencialista del lenguaje, según la cual
se supone que detrás de las palabras se esconden las esencias de las cosas, con lo
que la tarea interpretativa consistiría en descubrir tales esencias o verdaderas naturalezas,
lo cual es discutible si se mantiene, como aquí hemos hecho, una visión convencionalista
del lenguaje.
Junto al formalismo, la posición de Dworkin puede encuadrarse dentro de la concepción
cognoscitivista:
"Mi argumento será –ha dicho Dworkin– que, aun cuando ninguna norma establecida resuelva el caso, es posible que una de las partes tenga derecho a ganarlo. No deja de ser deber del juez, incluso en los casos difíciles, descubrir cuáles son los derechos de las partes, en vez de inventar retroactivamente derechos nuevos. Sin embargo, debo decir sin demora que esta teoría no afirma en parte alguna la existencia de ningún procedimiento mecánico para demostrar cuáles son los derechos de las partes en los casos difíciles".
R. Dworkin (1977). Taking Rights Seriously (pág. 146). Londres: Duckworth. Citado por la traducción castellana de M. Guastavino (1984). Los derechos en serio. Barcelona: Ariel.
Por tanto, la visión de Dworkin en este punto coincide con la formalista en cuanto
sostiene que existe una solución predeterminada para el caso concreto y que es misión
del juez descubrir cuál es. Pero difiere del formalismo, al entender que esa actividad
de descubrimiento no es puramente mecánica. Su posición, al respecto, se puede resumir
en los siguientes puntos, algunos de los cuales ya nos resultarán familiares:
-
El derecho se compone no sólo de normas (o reglas), sino también de principios.
-
Como ya sabemos, los principios tienen para Dworkin siempre un componente de peso y una dimensión moral.
-
Los principios no son creados por la legislación, de ahí que Dworkin entienda que no pueden ser identificados por la regla de reconocimiento. Su fundamento descansa, entonces, no en un origen positivo sino en los sentimientos de justicia compartidos en una determinada comunidad política.
-
Los principios, además, tienen una función muy importante: constituyen la justificación moral y política del derecho vigente. De ahí que para identificarlos se requiera reconstruir la teoría política que mejor justifique el sistema jurídico de que se trate y le confiera cohesión moral, al tiempo que explique también su historia institucional.
-
Toda controversia que se plantee ante los tribunales, sea calificada de caso fácil o difícil, puede resolverse únicamente apelando al derecho existente, entendido de la forma que se dice en 1). Esto significa que toda controversia admitirá una y sólo una solución correcta. A falta de norma o regla aplicable, o cuando ésta sea poco precisa, la solución vendrá dada por los principios, estableciendo la oportuna ponderación entre ellos, tal como veremos al final de este módulo al hablar de la colisión entre principios.
-
Dado todo lo anterior, el juez no tiene ninguna necesidad de crear un nuevo derecho, ya que siempre encontrará la solución en el derecho preexistente, aunque sea a través de una reconstrucción nada sencilla.
-
Si por discrecionalidad en sentido fuerte se entiende la que tiene quien puede decidir sin estar vinculado por ningún criterio normativo preexistente, entonces los jueces no gozan nunca de discrecionalidad.
Para enjuiciar esta influyente posición de Dworkin, habría que empezar por preguntarnos
si lo que mantiene este autor es que la práctica judicial es del modo que él la describe o que debería ser así. Es decir, parece bastante sensato que nos cuestionemos si lo que se sostiene
en este caso es una tesis descriptiva o la manifestación de un ideal regulativo, un
estado de cosas que, por las razones que sea, es deseable alcanzar. Dworkin nos viene
a decir que, en realidad, su tesis hay que entenderla de las dos maneras al mismo
tiempo. Pero esto es confuso. Veamos por qué.
Si la tesis que comentamos es una descripción, lo mínimo que puede decirse es que
se trata de una descripción poco adecuada a la realidad. Cualquier persona que haya
ejercido funciones jurisdiccionales sentirá como algo ajeno a su actividad la reconstrucción
que de ella hace Dworkin. Seguramente, por los ejemplos que pone, este autor tiene
en mente la actividad de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero incluso en este
caso es dudoso que este tribunal actúe del modo que dice Dworkin. No es de extrañar
que la actividad complejísima que debería llevar a cabo un juez, si se adecuara a
lo dicho por este autor, sea propia más bien de seres sobrehumanos. Por eso, Dworkin
se la asigna a su juez imaginario, Hércules. Efectivamente, la tarea es hercúlea.
Y, justamente, el reconocimiento de que únicamente la podría llevar a cabo un ser
con los rasgos sobrehumanos de Hércules es un argumento que se vuelve en contra de
la consideración de que los jueces de carne y hueso puedan desarrollarla. Es decir,
es una prueba de que el propio autor suministra contra la verdad de su tesis, interpretada
en sentido descriptivo.
Ahora bien, podría decirse entonces que esta tesis es un ideal regulativo. Ningún
juez podrá emular a Hércules, pues carece por definición de sus capacidades, sin embargo,
debe tomarlo como modelo a la hora de decidir. Pero, en este caso, la discusión se
traslada al ámbito de la teoría normativa y en última instancia se trataría de discutir
entre diversas concepciones de filosofía política. Y aquí los "ideales" pueden ser
muy distintos según quién sea el que argumente (liberal, progresista, conservador,
socialista, etc.). Además, si la tesis de Dworkin se toma como la expresión de un
ideal regulativo, no se ve por qué habría que tener como ideal el hecho de seguir
argumentando en base a la historia institucional del país, aunque ésta haya sido deplorable
desde el punto de vista moral. Resulta francamente complicado combinar en estos casos
la filosofía política justificante, desde la moral crítica (sea la que fuere), con
la vida institucional. La justicia casa mal con ciertos desarrollos institucionales.
2.3.2.El derecho nunca está determinado
Según la concepción no cognoscitivista, interpretar una formulación normativa F es, en cualquier caso, adjudicar un significado a F, estipulando que F tiene el significado S.
De acuerdo con esta concepción, la interpretación del derecho tiene como resultado
enunciados interpretativos no proposicionales, carentes de valores de verdad. La interpretación
del derecho no es una actividad cognoscitiva, sino una actividad decisoria o estipulativa.
Ninguna cuestión jurídica tiene, consiguientemente, una respuesta correcta previa
a la decisión judicial, por la sencilla razón de que los textos legales son radicalmente
indeterminados.
Esta posición está presente actualmente en el realismo jurídico genovés. Su tesis
está muy claramente expresada por Riccardo Guastini:
"Los enunciados interpretativos (...) no son ni verdaderos ni falsos. Tales enunciados tienen la misma estructura profunda que las definiciones llamadas estipulativas, esto es, aquellas definiciones que no describen el uso efectivo de un cierto término o de una cierta expresión, sino que proponen atribuir a un término o a una expresión un significado preferentemente a otros".
R. Guastini (1993). Delle fonti alle norme (pág. 109). Torino: Giappichelli.
Esta visión también ha sido la propia del realismo jurídico norteamericano. El realismo
jurídico norteamericano procede más que de un movimiento organizado, de una serie
de coincidencias en un momento histórico determinado (las primeras décadas del siglo
XX) por parte de una serie de autores, la mayoría de los cuales eran jueces. Esta
última circunstancia les daba una visión especial de la práctica jurídica: desechaban
el "derecho en los libros", para centrarse en el "derecho en acción". Lo que unifica
las distintas posiciones que se pueden englobar bajo esa etiqueta es la insatisfacción
frente a la manera tradicional de argumentar, que podemos asociar al formalismo jurídico.
El punto central de la crítica de los realistas será justamente que se reconozca que
la visión tradicional está partiendo de supuestos que encubren cómo se decide realmente
en los tribunales.
De ahí que su foco de atención sea el proceso de argumentación que se lleva a cabo
en el momento en que un juez debe dictar una sentencia. El modelo de argumentación
tradicional o formalista se reflejaba en la placidez del silogismo judicial. Los realistas,
en cambio, mostrarán su escepticismo acerca de la premisa normativa (y algunos también
acerca de la premisa fáctica): no hay proceso cognoscitivo alguno que lleve al juez
a encontrar esta premisa en el derecho legislado.
Sus tesis, a los efectos que ahora interesan, pueden resumirse así:
-
El derecho es algo que cambia continuamente y ese cambio procede de las decisiones judiciales.
-
El derecho es un medio para conseguir objetivos sociales. Por eso, cada parte del derecho debe examinarse teniendo en cuenta tales objetivos.
-
La sociedad avanza más rápidamente que el derecho legislado.
-
Lo que interesa a fines prácticos es predecir lo que los jueces decidirán en un caso concreto.
-
De las notas anteriores, se sigue que las normas legisladas no son el elemento más importante a la hora de poder predecir la conducta de los jueces. El juez las incluye en su decisión, pero esto es puramente una racionalización posterior: primero decide en base a objetivos o valores, que le permitan dar una solución adecuada a la sociedad cambiante, y después lo racionaliza a través de la premisa correspondiente.
Lo anterior tiene consecuencias importantes respecto a la concepción del razonamiento
del juez. En primer lugar, la elección de la norma legislada o del precedente que
servirá de premisa mayor es discrecional en sentido fuerte. Ello se muestra en el
hecho de que para obtener dicha premisa se pueden formular una serie de reglas generales
distintas con las cuales aquélla es compatible. A esta posibilidad contribuye de manera
decisiva la existencia de lo que aquí hemos denominado indeterminación, y los casos
de sub y sobredeterminación. En segundo lugar, dada una norma general, bien se trate
de una norma legislada, un precedente o una construcción doctrinal, siempre es posible
encontrar soluciones de un mismo caso, que, aun siendo distintas entre sí, todas son
lógicamente compatibles (3) con la norma general.
Por todas estas razones, el juez acaba decidiendo siempre de manera discrecional.
La crítica que podría hacerse a esta concepción es que, al fijarse de manera exclusiva
en el proceso judicial, puede ofrecer una imagen distorsionada del derecho y del fenómeno
de la interpretación jurídica. Puesto que los casos que llegan a los tribunales suelen
ser controvertidos, se puede llegar a creer que todos los problemas jurídicos lo son.
Esta conclusión, sin embargo, es exagerada. Existen infinidad de contratos que se
cumplen y no se cuestiona su interpretación y otros tantos textos legales que son
aplicados por los tribunales sin que generen mayores discusiones al respecto. Por
poner sólo un ejemplo, cuando la Constitución española establece, en su artículo 12,
que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, no parece que éste sea un texto que
ofrezca excesivos problemas de interpretación.
2.3.3.El derecho a veces está determinado
Para los representantes de la concepción intermedia, interpretar una formulación normativa
F es, según el caso, detectar el significado de F, informando que F tiene el significado S, o adjudicar un significado a F, estipulando que F tiene el significado S.
De acuerdo con esta concepción, en determinadas circunstancias la actividad interpretativa
es una actividad cognoscitiva y en otras una actividad decisoria. Consecuentemente,
algunos enunciados interpretativos son susceptibles de verdad o falsedad y otros no.
Los textos legales, pues, estarían parcialmente indeterminados, y, por consiguiente,
existen respuestas correctas para ciertos casos: en los casos típicos, el derecho
se halla determinado y existe respuesta correcta para ellos; en los casos atípicos,
en cambio, el derecho no se halla previamente determinado y no existe respuesta correcta
para ellos.
Ésta es, por ejemplo, la posición de Hart:
"He retratado la teoría del derecho norteamericano –ha dicho Hart– como acosada por dos extremos, la pesadilla y el noble sueño: el punto de vista de que los jueces siempre crean y nunca encuentran el derecho que imponen a las partes en el proceso, y el punto de vista opuesto, según el cual los jueces nunca crean derecho. Como otras pesadillas y otros sueños, los dos son, en mi opinión, ilusiones, aunque tienen muchas cosas que enseñar a los juristas en sus horas de vigilia. La verdad, tal vez trivial, es que a veces los jueces hacen una cosa y otras veces otra."
H. L. A. Hart (1961). The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press. Citado por la traducción castellana de, G. R. Carrió (1963). El concepto de derecho (pág. 348). Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
De acuerdo con esta posición intermedia, tenemos dos tipos de casos: típicos y atípicos.
Los primeros son aquellos cuyas características constitutivas están claramente incluidas
en (o claramente excluidas de) el marco de significado central de los términos o expresiones
que la formulación normativa contiene. Los segundos, en cambio, son aquellos cuyas
características constitutivas no están claramente incluidas en (ni excluidas de) el
marco de significado central donde se congregan los casos típicos.
Podemos decir que cualquier descripción adecuada de la actividad interpretativa debe
admitir que no todos los casos son del mismo tipo ni que suscitan las mismas dificultades.
Como ya sabemos, en el campo de referencia de toda expresión lingüística general hay
una zona de penumbra donde resulta dudoso si la expresión puede ser aplicada o no a un objeto determinado,
pero no es menos cierto que también hay una zona central donde su aplicación es predominante
y cierta.
Zona de penumbra
Parece razonable sostener, dada la textura abierta del lenguaje, que siempre existe
la posibilidad de enfrentar situaciones atípicas frente a las cuales es dudoso si
la expresión se aplica o no, pero ello no excluye que en otras situaciones, de carácter
típico, no exista lugar a dudas. En definitiva, aceptar que toda expresión general
posee siempre una zona de penumbra no implica conceder que nunca posee una zona de
certeza. Aunque se puede dudar de si actualmente está de acuerdo con el uso de la
palabra 'alto' designar como tal a un varón que mida 1,80 metros, no hay duda de que
forma parte de su denotación alguien que mida 2,10 metros; tampoco hay dudas de que
está fuera de su campo de aplicación quien mida 1,50 metros.
Así pues, no siempre resulta posible determinar el significado de una expresión lingüística,
y en tal caso es necesario asignar de manera estipulativa un significado determinado
a la expresión en cuestión. Cuando el intérprete ha agotado la investigación mediante
métodos cognoscitivos y su duda subsiste, debe decidir si el caso se encuentra bajo
la órbita de la expresión: para considerar el caso como incluido o excluido, el intérprete
se ve forzado a adjudicar a la expresión un significado que, en relación con el caso,
no tenía hasta entonces. Ese significado no estaba correlacionado con la expresión,
pero se resuelve que lo esté sobre la base de una decisión no determinada por reglas
lingüísticas preestablecidas.
Esa decisión discrecional, sin embargo, no tiene por qué ser necesariamente arbitraria, puesto que puede hallarse fundada en determinados estándares valorativos adicionales
(morales, sociales, políticos, económicos) a partir de los cuales se ponderan las
consecuencias de la inclusión o exclusión. Saber cómo se lleva a cabo esta adjudicación
de significado mediante la actividad interpretativa y cómo se ofrecen buenas razones
en apoyo de las decisiones tomadas en casos de penumbra, requiere pasar revista a
las técnicas interpretativas (4) que habitualmente usan los juristas, pero esto ya queda fuera del objetivo aquí perseguido.
2.4.Vaguedad y moral: los conceptos esencialmente controvertidos
Una subclase de conceptos vagos es la formada por los llamados conceptos esencialmente
controvertidos (5) .
(5) El concepto procede de W. B. Gallie (1955). "Essentially Contested Concepts". Proceedings of Aristotelian Society (núm. 56, pág. 167-198).
Véase también J. Waldron (1994). "Vagueness in Law and Language: Some Philosophical Issues". California Law Rewiew (núm. 82, pág. 509-540).
Véase también J. Waldron (1994). "Vagueness in Law and Language: Some Philosophical Issues". California Law Rewiew (núm. 82, pág. 509-540).
El análisis de este tipo de conceptos es especialmente interesante, por cuanto la
constatación de su existencia debe reflejarse de algún modo en las distintas teorías
interpretativas que acabamos de ver.
Los conceptos esencialmente controvertidos se definen por las siguientes características:
a) Son valorativos, en el sentido de que atribuyen a los casos de aplicación del concepto
la posesión de un valor positivo o negativo.
b) Su estructura interna es compleja, de manera que permite criterios distintos que
compiten entre sí para reconstruir su significado.
c) Existen algunos casos, reales o hipotéticos, que son paradigmas de la aplicación
de tales conceptos.
La comprensión de estos rasgos definitorios exige alguna aclaración. Cuando calificamos
a alguien de buen jugador de fútbol, por ejemplo, le atribuimos un valor positivo,
mientras que si lo tildamos de mediocre, lo valoramos de manera negativa (esto es
lo que se recoge en el rasgo a).
Encontramos en nuestro lenguaje muchos conceptos de este tipo. Pero si queremos determinar
cuáles son los criterios de aplicación del concepto de buen jugador de fútbol, seguramente
nos daremos cuenta de que es una cuestión controvertida. Y lo es porque existen distintas
concepciones acerca de qué significa jugar bien al fútbol. Para una concepción "resultadista"
puede ser que la razón principal para valorar positivamente a un jugador sea los títulos
que ha obtenido, o los goles que ha marcado. En cambio, otra concepción del fútbol
puede primar la calidad técnica del jugador y su capacidad para realizar jugadas novedosas.
A esta confrontación permanente entre distintas concepciones alude la segunda característica
citada. Ahora bien, esta permanente discusión acerca del concepto de buen jugador
de fútbol, ¿significa que en realidad no existe un concepto de buen jugador de fútbol?
Llegados a este punto, hay que distinguir entre lo que sería un concepto radicalmente
confuso y lo que es un concepto esencialmente controvertido. Y ahí es donde entra
en juego el tercer rasgo definitorio. Debe ser posible identificar casos paradigmáticos
de aplicación del concepto. Se puede discutir acerca de si tal o cual jugador de fútbol
es o no un buen jugador, pero deben existir casos paradigmáticos que no sean discutidos
por las diversas concepciones futbolísticas (por ejemplo, Pelé o Maradona). Si alguien
quisiera intervenir en una discusión al respecto, y de la concepción que mantuviera
se dedujera, por ejemplo, que Pelé no ha sido un buen jugador de fútbol, entonces
difícilmente se podría pensar que está hablando en algún sentido relevante de lo mismo que los demás.
Muchos de los conceptos morales que solemos utilizar de manera corriente son esencialmente
controvertidos, especialmente los denominados densos, que son aquellos que tienen un sólido componente descriptivo en una determinada
sociedad, como por ejemplo, los conceptos de honesto o valiente. Este tipo de conceptos
son jurídicamente relevantes en la medida en que aparecen en nuestros ordenamientos
jurídicos, en especial en las constituciones.
Esta posible incorporación de la moral por vía interpretativa no plantea mayores problemas
a autores como Dworkin, puesto que, como sabemos, precisamente es lo que postulan.
Para este autor, la aplicación del derecho significa justamente ofrecer la mejor reconstrucción
posible de estos conceptos. Sin embargo, esta posición puede tener al menos dos problemas.
En primer lugar, conduce al colapso del derecho en la moral, con la consecuencia de
que el derecho se torna irrelevante. Por otro lado, no hay que descartar que dos concepciones
distintas sean igualmente plausibles para dar cuenta de un determinado concepto controvertido,
en cuyo caso no hay forma racional de decidir entre una y otra.
Para un defensor del positivismo exclusivo, no queda más remedio que reconocer que
en estos casos existe discrecionalidad judicial. El derecho no estaría determinado,
ni sería determinable de otro modo. Un defensor del positivismo inclusivo podría dar
una respuesta algo más sofisticada. Podría decir que dado que estos conceptos tienen
un indiscutible componente descriptivo y permiten identificar paradigmas, en los casos
paradigmáticos y en los más próximos a ellos, los jueces aplican pautas preexistentes
y no cambian el derecho; en los casos en que las diversas concepciones compiten y
resuelven un supuesto de manera incompatible, entonces los jueces tienen discreción.
Quien sostenga el realismo jurídico, probablemente dirá que todos los conceptos pueden
ser controvertidos por razones morales o políticas. Si esto fuera así, tal vez no
tendría sentido, ya que sería un esfuerzo inútil aislar una clase especial de conceptos
esencialmente controvertidos.
3.Problemas de subdeterminación: las lagunas
En relación con un determinado sistema jurídico, existe una laguna si un supuesto
de hecho no está correlacionado con ninguna consecuencia jurídica. Un sistema normativo
S es completo si, y sólo si, carece de lagunas normativas.
La completitud es una propiedad importante de los sistemas normativos. En un supuesto
de laguna normativa, los destinatarios de las normas no saben cuál es el comportamiento
exigido por las normas del sistema. Igualmente, al no establecerse ninguna solución
normativa para un caso determinado, los jueces no pueden identificar, con la ayuda
del sistema, cuál es la norma que deben aplicar a este caso.
A continuación trataremos brevemente los mecanismos para colmar las lagunas, también
llamados mecanismos de integración del derecho.
Dado que en los sistemas jurídicos puede haber lagunas, surge la pregunta siguiente:
¿cuál es la calificación normativa de estos comportamientos? Y aún algo más relevante,
¿cómo deben decidir los jueces en los casos de laguna? Es importante darse cuenta
de que todas las estrategias elaboradas por los juristas para colmar las lagunas (mecanismos
de integración del derecho) comportan un cambio del sistema normativo, para adecuarlo
a un requisito de racionalidad: la completitud. Idealmente, un sistema normativo debe
ofrecer soluciones para todos los casos posibles, de lo contrario, es un sistema que
regula el comportamiento de manera defectuosa.
En la teoría jurídica se ha considerado que determinados argumentos pueden servir
para colmar las lagunas, por ejemplo, el argumento a contrario y el argumento por analogía.
Aunque hay varias versiones del argumento a contrario, tal vez la más empleada sea la que considera que, del hecho de que una norma atribuya
una determinada consecuencia normativa a una determinada clase de sujetos, debe entenderse
que, sólo a esta clase de sujetos y no a otros, debe aplicarse aquella consecuencia
normativa. El argumento se fuerza para considerar incluso que a la clase complementaria
le será de aplicación la consecuencia normativa contraria.
Argumento a contrario
Una aplicación de esta versión del argumento a contrario la ofrece el Tribunal Constitucional en su sentencia 21/1981, de 15 de junio. En
ella se interpreta a sensu contrario el artículo 25.3 de la Constitución, que reza: "La Administración civil no podrá
imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad".
Del tenor literal de este precepto, que habla sólo de la Administración civil, el
alto tribunal concluye a contrario que la Administración Militar (sobre la cual, fijémonos bien, nada se dice) tiene
la potestad de imponer sanciones que impliquen privación de libertad.
En este ejemplo, el argumento se está usando de una forma creativa, por cuanto de
una norma que establezca que para una determinada clase de sujetos (A) es de aplicación
una determinada consecuencia normativa, no se infiere lógicamente otra norma que disponga
que para otra clase de sujetos (B) sea de aplicación la consecuencia contraria. De
'Si A, entonces C', no se sigue 'Si B, entonces no-C'. Quienes, a pesar de ello, realizan
tal inferencia, incurren en una variante de lo que en lógica se conoce como falacia
de la negación del antecedente. 'Si B, entonces no-C' es, pues, una norma nueva que
surge del argumento a contrario que, entendido de esta forma, no es un argumento lógicamente válido. Pese a ello
es muy utilizado por los juristas a la hora de resolver casos de laguna normativa.
La estructura de un argumento analógico es la siguiente. En primer lugar, se parte de que un determinado supuesto de hecho
o caso (C1) no está regulado por las normas de un determinado sistema jurídico, es decir, que
no viene establecida una solución normativa, lo que significa que existe una laguna
normativa. En segundo lugar, se asume que otro supuesto de hecho o caso (C2), que guarda con el anterior una semejanza relevante, sí que está regulado en ese mismo sistema (éste establece una determinada solución
normativa): 'Si C2, entonces S'. En tercer lugar, se concluye que por analogía hay que atribuir a aquel
primer supuesto (C1) la solución normativa que el sistema jurídico contempla para el segundo (C2): 'Si C1, entonces S'.
El artículo 4.1 del Código Civil dispone:
"Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto
específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón".
La discusión, entonces, pasará a ser cómo determinar que existe una semejanza entre los dos supuestos y, sobre todo, cuál es la razón, muchas veces solamente implícita, que justifica que para el supuesto regulado se
haya dado una determinada consecuencia jurídica que ahora se pretende hacer extensiva
al caso no regulado. Supongamos que una ordenanza municipal establece la obligación
de vacunar a todos los perros de una ciudad. Cuando alguien se plantea si tiene la
obligación de vacunar a su gato, se pueden dar dos soluciones. Primera, interpretar,
a sensu contrario, que no existe tal obligación. Segunda, entender que la obligación de vacunar se
extiende a los gatos, dado que entre éstos y los perros existe una semejanza (ambos
son animales domésticos) y una identidad de razón para extender la obligación: evitar,
por ejemplo, que transmitan enfermedades a las personas.
Un somero vistazo a su estructura basta para darse cuenta de que el argumento analógico,
al igual que sucede con el argumento a contrario, es un argumento creador de normas, siempre que lo utilice un juez dentro de sus
competencias. Precisamente, es a través de la creación judicial de una norma como
se puede colmar la laguna que previamente se ha detectado.
Como pone de relieve el último ejemplo citado, hay aquí en juego una cuestión importante.
Los mencionados argumentos van siempre en sentido inverso. Si se utiliza el argumento
a contrario, se justifica (aunque no sea de una manera lógicamente válida) la aplicación a un
determinado supuesto de una solución normativa (por ejemplo, que la conducta p está permitida). En cambio, si se utiliza el argumento por analogía en el mismo caso
de laguna, se justifica (tampoco en sentido lógico) la solución normativa contraria
(en este caso que la conducta p está prohibida). Decidirse por una u otra vía no está previamente determinado por
las normas jurídicas de un sistema jurídico concreto. Por eso, en estos casos puede
decirse que la decisión del juez es discrecional.
4.Problemas de sobredeterminación: los conflictos normativos
Hay una antinomia o contradicción normativa en relación con un determinado sistema jurídico si un supuesto de hecho concreto
está correlacionado con al menos dos soluciones incompatibles entre sí. Un sistema
que carece de antinomias es un sistema consistente.
Los sistemas normativos inconsistentes son altamente defectuosos por dos razones.
En primer lugar, porque en los casos regulados de manera incompatible los destinatarios
no pueden, por razones lógicas, adecuarse a todas las exigencias del sistema normativo;
en segundo lugar, porque los jueces no pueden fundar sus decisiones en el sistema
normativo de manera adecuada: si lo fundan en una de las dos normas, ignoran la otra
y no pueden fundarla en ambas a la vez.
Por estas dos razones, en el derecho positivo y en la teoría del derecho se han ido
desarrollando determinados criterios para, como habitualmente se dice, resolver estas
antinomias.
Lecturas recomendadas
Sobre las antinomias, véase:
N. Bobbio (1964).
"Des critères pour résoudre antinomies".
Dialéctica(cap. 18, pág. 237-258). Citado por la traducción castellana de Ruiz Miguel
(1980)."Sobre los criterios para resolver antinomias".
Contribución a la teoría del derecho(págs. 349-366). Valencia: Fernando Torres.
D. Mendonca (2000). Las claves del derecho
(cap. 10.2). Barcelona: Gedisa.
Los más importantes y conocidos de estos criterios son los tres siguientes:
-
Lex posterior derogat legi priori. Este criterio, también conocido como criterio cronológico, establece que entre dos normas antinómicas prevalece la posterior en el tiempo.
-
Lex superior derogat legi inferiori. Este criterio, también conocido como criterio jerárquico, establece que entre dos normas antinómicas prevalece la superior jerárquicamente.
-
Lex specialis derogat legi generali. Este criterio, que también se denomina criterio de especialidad, establece que entre dos normas antinómicas prevalece la norma especial. La relación de especialidad ha de entenderse como aquella que se da entre dos normas N' y N'' tales que la clase denotada por el supuesto de hecho de N' está incluida propiamente en la clase denotada por el supuesto de hecho de N''. Al aplicar este criterio, la norma especial funciona como excepción de la norma general.
Es preciso efectuar algunos comentarios sobre el alcance y la eficacia de estos criterios.
En primer lugar, es posible que haya normas antinómicas para las cuales estos criterios
no sean de utilidad: así, normas dictadas en el mismo momento, del mismo rango jerárquico
y que no están en la relación general-especial.
Por otra parte, estos criterios pueden entrar en conflicto entre sí. Básicamente,
pueden darse tres supuestos de conflicto:
a) Conflicto entre el criterio cronológico y el jerárquico. Este conflicto tiene lugar
cuando una norma anterior y superior es incompatible con una norma posterior e inferior.
Si se aplica el criterio cronológico, debe preferirse la segunda norma; si se aplica
el jerárquico, la primera. En este conflicto, el criterio jerárquico prevalece sobre
el cronológico. De esta manera, se acota el alcance del criterio cronológico: sólo
vale entre normas del mismo rango jerárquico. Si no fuera así, la jerarquía normativa
resultaría una quimera, ya que un bando de cualquier alcalde podría derogar disposiciones
de rango constitucional.
b) Conflicto entre el criterio de especialidad y el cronológico. Tiene lugar cuando
una norma anterior y especial es antinómica con una norma posterior y general. El
criterio de especialidad prefiere la primera norma, mientras el cronológico selecciona
la segunda. Éste es un caso de conflicto latente entre los dos criterios. No hay una
solución general. Debe apreciarse si la norma posterior general contempló la posibilidad
de casos más especiales y decidió no regularlos de diversa manera o, por el contrario,
las razones de la regulación más específica todavía subsisten (cuando esto sucede,
suele decirse que 'lex posterior generalis non derogat priori speciali').
c) Conflicto entre el criterio jerárquico y el de especialidad: Se produce cuando una
norma superior y general es incompatible con otra inferior y especial. En este supuesto,
en principio, se concede mayor fuerza al criterio jerárquico, pero no faltan algunos
supuestos en los cuales la jurisprudencia ha considerado que las razones que justifican
la especialidad de cierta regulación la hacen inmune a la prevalencia de la lex superior.
Por último, es importante insistir en que la consistencia, al igual que la completitud,
es un ideal de los sistemas normativos. Un ideal que resulta de un requisito de racionalidad:
sólo se puede guiar adecuadamente el comportamiento humano mediante conjuntos de normas
consistentes entre sí. Ahora bien, en sistemas jurídicos tan complejos como los actuales
no es extraño que se produzcan casos de antinomia y, en este sentido, el ideal de
consistencia está en tensión con la realidad. Los criterios de resolución de antinomias
son un medio para acercar nuestros sistemas jurídicos de la realidad al ideal. Pero
por las razones apuntadas, se trata de un medio imperfecto. Cuando con estos criterios
no se puede solventar la antinomia, entonces de nuevo se abre paso la discrecionalidad
del juez para determinar la norma aplicable al supuesto de que se trate.
5.El funcionamiento de los principios
Ya desde hace algún tiempo el uso de la expresión "principios jurídicos" es habitual,
sobre todo en el ámbito constitucional. La Constitución española encabeza el capítulo
III de su título I con el siguiente título: "De los principios rectores de la política
social y económica", a la que siguen catorce artículos que hay que suponer que expresan
dichos principios. Además, es habitual encontrarse con expresiones como "los derechos
fundamentales (contenidos en las constituciones) están establecidos por principios".
En este sentido, dichos principios se encuentran positivizados (son sin duda alguna
parte del derecho positivo) y son aplicables –de la manera que se establezca– no sólo
en defecto de ley y costumbre aplicable al caso. Pero ¿en qué reside entonces la característica
distintiva de los principios jurídicos? De hecho, la expresión "principios jurídicos"
es utilizada con muchos sentidos diversos (6) .
En este apartado nos ocuparemos sólo de dos de estos sentidos: a) los principios jurídicos
como pautas no concluyentes y b) los principios jurídicos como reglas ideales.
5.1.Los principios jurídicos como pautas no concluyentes
Para algunos autores, que siguen una distinción propuesta por Dworkin y que ya conocemos,
cabe distinguir entre las normas jurídicas prescriptivas dos subclases: la clase de
las reglas, que tienen establecidas sus condiciones de aplicación de manera cerrada en su supuesto
de hecho, y la clase de los principios, que tienen establecidas sus condiciones de aplicación de manera abierta, o bien
porque algunas de sus condiciones de aplicación son implícitas o bien porque todas
son implícitas. Por esta razón, Dworkin afirma que mientras las reglas se aplican
todo-o-nada, los principios se aplican según su dimensión de peso en la argumentación.
La filosofía moral kantiana
Una idea procedente de la filosofía moral puede resultar aquí esclarecedora. La filosofía
moral kantiana consideraba los deberes morales como categóricos. Esta idea puede ser
comprendida en el sentido de que las normas morales que establecen deberes son categóricas.
De manera que, por ejemplo, la norma moral que obliga a decir la verdad, obliga de
manera categórica –no hay excepciones a dicha norma. Esta idea producía determinadas
consecuencias contraintuitivas, como por ejemplo que el deber de decir la verdad se
mantenía incluso si, como resultado de decir la verdad, determinados inocentes fueran
asesinados. Por esta razón, algunos filósofos morales consideraron los deberes morales
como deberes prima facie, esto es, deberes no concluyentes. De esta manera, es posible decir que aunque tenemos,
prima facie (el deber moral de decir la verdad), este deber puede entrar en conflicto con otra
norma moral (el deber de salvar la vida de los inocentes) y puede ser derrotado en
el balance entre deberes. Entonces, una teoría moral tiene que proporcionarnos el
mecanismo por el cual es posible pasar de las normas morales que establecen deberes
prima facie a las normas morales que establecen deberes concluyentes, deberes que se generan
una vez considerados todos los factores relevantes.
Pues bien, los principios jurídicos son, algunas veces, interpretados de esta manera
como pautas no concluyentes, que pueden entrar en conflicto con otras pautas. En la
teoría jurídica, tal como veremos en el apartado siguiente, el mecanismo por el cual
es posible transitar desde los principios jurídicos, que establecen consecuencias
no concluyentes, hasta las consecuencias jurídicas concluyentes se conoce como ponderación. El derecho a comunicar libremente información veraz –establecido por el artículo
20.1.d) de la Constitución– puede entrar en conflicto con el derecho a la intimidad
personal –establecido en el artículo 18.1 de la Constitución. Las disposiciones mencionadas
expresan, entonces, principios jurídicos en el sentido que aquí nos interesa. Principios
que pueden entrar en conflicto entre sí y que, por lo tanto, establecen derechos –y
deberes de no interferencia– sólo prima facie: son pautas no concluyentes. Los tribunales, cuando aplican tales preceptos, deben
ponderar los principios que expresan, es decir, deben establecer cuáles son las condiciones
de aplicación implícitas, para extraer las consecuencias aplicables al caso concreto.
5.2.Los principios como reglas ideales
Un enfoque algo distinto, aunque no necesariamente incompatible con el anterior, concibe
los principios jurídicos como algo más semejante a las reglas ideales en la terminología
de von Wright (Von Wright, 1963). En este sentido, los principios establecerían, mediante
normas constitutivas, determinadas dimensiones de los estados de cosas ideales que
el mundo debe tener para ser conforme al derecho.
De forma semejante a como decimos que un automóvil ideal debe ser estable, veloz y
seguro, el estado de cosas ideal regulado por la Constitución española debe ser tal
que produzca unas condiciones favorables para el progreso social y económico (artículo
40 de la Constitución), que permita disfrutar a todos de un medio ambiente adecuado
(artículo 45.1 de la Constitución) y en el que se respete la libertad de información
y el derecho a la intimidad, por ejemplo.
Es obvio que estos aspectos del ideal pueden entrar en conflicto entre sí. En el caso
del automóvil, la velocidad puede ir en detrimento de la seguridad; en el caso del
estado de cosas promovido por la Constitución, un medio ambiente adecuado puede ir
en detrimento del progreso económico y la amplitud de la libertad de información puede
ir en detrimento de la intimidad personal. En este sentido, las reglas ideales han
de ser complementadas por mecanismos que establezcan el grado aceptable en el que
esas condiciones han de darse y eliminen los conflictos, de manera que también en
este caso es necesaria la ponderación.
Entendidos de este modo, los principios jurídicos son pautas que establecen no lo
que se debe hacer, sino aquello que debe ser.
5.3.La colisión de principios
Sea cual fuere la manera de concebir los principios, lo cierto es que existe un problema
práctico cuando se pretende identificar el principio que se debe aplicar a una determinada situación. En muchas ocasiones,
al igual que sucede con el conflicto entre reglas, los jueces se encuentran con una
sobredeterminación, por cuanto más de un principio puede ser invocado para resolver
un caso jurídico. Además, puede suceder que alguno de estos principios incline la
decisión en un determinado sentido, mientras que otro apunte en un sentido contrario.
En esta clase de supuestos se habla de colisión de principios. Es interesante destacar
que, mientras que el conflicto entre reglas se resuelve, cuando es posible, a través
de la aplicación de los criterios de resolución de antinomias, la colisión de principios
se resuelve con el método de la ponderación. Veamos cómo.
Hay dos diferencias entre las reglas y los principios a las que ya aludimos y que
resultan en este punto relevantes.
Las reglas tienen condiciones de aplicación, mientras que los principios no.
Esta diferencia en la estructura de ambas clases de disposiciones tiene su reflejo
a la hora de su aplicación a casos concretos. Sin establecer en qué condiciones se
aplicará una determinada consecuencia jurídica, no es posible la resolución de un
determinado caso. Por tanto, en el caso de los principios, que carecen por definición
de tales condiciones, se debe establecer un mecanismo cuyo resultado final sea una
regla que sí que las tenga.
Las reglas funcionan de la forma todo-o-nada, mientras que los principios se comportan
en función de su peso en la argumentación.
Esto tiene como consecuencia que en el caso de las antinomias (conflicto de reglas),
por ejemplo entre R1 y R2, una vez establecido por el criterio que sea que la regla R1 es la que debe ser aplicada, entonces R2 se considera total o parcialmente inválida, es decir, no perteneciente al sistema
jurídico de que se trate. Por ello, R2 no será aplicable ni en el caso presente ni en casos futuros. En cambio, cuando dos
principios entran en colisión, supongamos P1 y P2, el hecho de que un determinado caso se resuelva dando preferencia a uno de ellos
(P1), no significa que el otro (P2) sea inválido. Lo que ocurre es que, en determinadas circunstancias, se dirá que
P1 precede a P2. Si las circunstancias son distintas, entonces P2 precederá a P1.
El método de la ponderación se emplea justamente para establecer esta relación de
precedencia entre principios. Lo cual significa que habrá que determinar en qué condiciones
P1 precede a P2 y en qué condiciones se da la situación inversa. Una vez se hayan establecido cuáles
son estas condiciones relevantes, se podrá formular la regla que resuelva el caso concreto.
Método de la ponderación
Este método está expuesto en:
R. Alexy (1986). Theorie der Grundrechte. Frankfurt A. M.: Suhrkamp. Traducción castellana de E. Garzón Valdés (1993). Teoría de los derechos fundamentales (págs. 81-98). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
R. Alexy (1986). Theorie der Grundrechte. Frankfurt A. M.: Suhrkamp. Traducción castellana de E. Garzón Valdés (1993). Teoría de los derechos fundamentales (págs. 81-98). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
Para una discusión actual y en profundidad, véase:
D. Martínez (2007). Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa (cap. III). Madrid/Barcelona: Marcial Pons.
D. Martínez (2007). Conflictos constitucionales, ponderación e indeterminación normativa (cap. III). Madrid/Barcelona: Marcial Pons.
Ejemplos
Hay numerosos ejemplos en la doctrina del Tribunal Constitucional que muestran este
mecanismo. Como ejemplo, podemos tomar el de la colisión entre el principio que reconoce
la libertad de información (artículo 20.1 de la CE y que podemos denominar P1) y el que reconoce los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen (artículo
20, al que llamaremos P2). En diversas sentencias, el Tribunal Constitucional ha ido precisando cuáles serían
las condiciones relevantes para establecer la relación de precedencia entre ambos
principios. Simplificando algo la cuestión, ha establecido que cuando se da una información
de relevancia pública y la información es veraz, aunque no necesariamente verdadera
(llamémosles condiciones C1), entonces P1 precede a P2. En cambio, aunque la información sea de relevancia pública y sea verdadera, si se
trasmite a través de insultos innecesarios (C2), entonces P2 precede a P1. Si esto es así, las circunstancias (C1 o C2) funcionarían como las condiciones de aplicación de una regla. Para completar la
regla aplicable ya sólo nos queda establecer cuál sería la consecuencia jurídica.
Esta consecuencia jurídica será la que se sigue de establecer la relación de precedencia.
¿Cuál es la consecuencia jurídica de que P1 preceda a P2? Puede decirse que en este caso, la consecuencia es que la información está permitida
(para indicar simplificadamente que quien haya transmitido la información no estará
obligado a pagar ninguna indemnización, por ejemplo). ¿Cuál es, en cambio, la consecuencia
jurídica de que P2 preceda a P1? Bien puede decirse que la consecuencia en este supuesto es que está prohibida la
transmisión de la información (o que hay una obligación de pagar una indemnización
por haberla transmitido). Dicho esto, ya estamos en condiciones de formular la regla
correspondiente. Ésta estará constituida por un supuesto de hecho, formado por las
condiciones relevantes para establecer la relación de precedencia, y una consecuencia
jurídica, que será la del principio precedente. En nuestro ejemplo, se podrán formular
dos reglas que ya serán aplicables. Por un lado, "Si se da C1, la información está permitida". Por otro, "Si se da C2, la información está prohibida".
El hecho de que nuestros ordenamientos jurídicos contengan disposiciones que se comportan
como principios pone de nuevo sobre el tapete la posibilidad de que la moral se acabe
incorporando al derecho. Y esto por dos razones.
En primer lugar, por el hecho de que estos principios suelen contener en su enunciación
conceptos esencialmente controvertidos (honor o intimidad, por ejemplo), cuya dilucidación
comporta necesariamente un debate moral. Si esto es así, determinar el contenido de estos principios ya supone entrar de lleno en una argumentación moral. A esta
cuestión ya nos referimos con anterioridad.
En segundo lugar, aunque ya hubiéramos identificado el contenido de los principios,
queda por dirimir cuáles son los criterios que permitirán establecer la relación de precedencia necesaria para proceder a su
ponderación. Y parece que, al menos en la mayoría de los casos, estos criterios han
de ser morales. En efecto, los criterios de relevancia respecto a las circunstancias
en las cuales una información podrá ser emitida legalmente o el establecimiento de
los límites al derecho de información (límites marcados por el derecho a la intimidad
y al honor, por ejemplo) parece que consistirán en alguna medida en razones morales.
Esto no lo niega nadie. Ahora bien, la pregunta que nos queda por responder es la
siguiente: una vez reconocido este hecho innegable, ¿cómo una teoría del derecho debe
dar cuenta de él?
Una posición radical al respecto es la de Dworkin. Para este autor, como sabemos,
la presencia de principios en los ordenamientos jurídicos supone la verdadera clave
de bóveda para construir toda una teoría general del derecho alternativa al positivismo.
La existencia de los principios y su funcionamiento en las argumentaciones jurídicas,
sobre todo en el momento de la llamada aplicación del derecho, mostraría según este
autor que, por su peculiar naturaleza, no pueden ser identificados a través de una
simple remisión a hechos sociales, ya que forman parte del derecho también y principalmente
por su contenido. Además, puesto que el establecimiento de su contenido siempre remite
a una argumentación moral, entonces habría que abandonar la tesis de la separabilidad
entre el derecho y la moral. Por otro lado, lejos de que estas circunstancias muestren
que los jueces tienen en estos casos discreción, un método como el de la ponderación
sería una prueba de que existe respuesta correcta, aunque sea difícil hallarla.
Para quienes sostienen una teoría de la interpretación no cognoscitivista, el hecho
de que se requieran conceptos esencialmente controvertidos para identificar el contenido
de los principios y la forma de llevarse a cabo la ponderación en el caso de colisión
entre ellos, seguramente lo tomarán como una prueba más a favor de sus tesis. Este
fenómeno vendría en apoyo de la idea de una radical indeterminación del derecho. Cada
juez se vería libre así de apelar a sus propias convicciones morales, aunque las disfrazara
bajo el ropaje de cierta objetividad.
Las concepciones intermedias, por su lado, podrán decir que en los supuestos analizados
existe discrecionalidad para que los jueces decidan. Ahora bien, dentro de esta posición
tal vez se podrían establecer diferencias en función de la mayor o menor amplitud
que quepa otorgar a la objetividad en materia moral. Aunque éste es un tema muy complejo
y cuyo análisis en profundidad escapa de los objetivos de este texto, pueden ofrecerse
unas breves indicaciones al respecto. Puede entenderse que, en línea de principio,
quien defienda la posibilidad de un ámbito objetivo de la moral será más propenso
a reducir el alcance de la discreción judicial, mientras que quien entienda que la
discusión moral carece de un referente objetivo, tenderá a considerar que el ámbito
de discreción del juez es mayor.
Resumen
En este módulo hemos prestado atención a los problemas a los que nos enfrentamos cuando
nos planteamos si el derecho está determinado. Estos problemas pueden deberse a una
imprecisión del lenguaje en el que se expresan las normas. En este caso, estamos frente
a un problema de indeterminación. En otras ocasiones, la cuestión surge porque no
existe una norma previa que atribuya consecuencias jurídicas a un determinado supuesto.
Estos supuestos, que se conocen con el nombre de lagunas, constituyen un problema
de subdeterminación, es decir, el juez no puede hallar en el derecho la solución al
caso que se le plantea por carecer de norma aplicable. Por último, hallamos los casos
de sobredeterminación. Mientras que en la subdeterminación tenemos una carencia de
normas, en los supuestos de sobredeterminación, tenemos un exceso de ellas. Cuando
éstas resuelven el mismo caso aplicando soluciones incompatibles, nos hallamos frente
a una contradicción normativa.
Al analizar cada uno de estos problemas, hemos visto distintas maneras de afrontarlos,
que van desde quienes consideran que siempre existe una respuesta correcta en el material
jurídico que debe manejar un juez, hasta quien opina que nunca existe una respuesta
previamente determinada y que es por tanto el juez el que, en última instancia, crea
el derecho. Tal vez, la posición más razonable sea la intermedia, que sostiene que
existen casos típicos en los que la solución le puede venir predeterminada al juez,
y casos atípicos en los que el juez inevitablemente tendrá que ejercer su discrecionalidad
si quiere resolver el caso. Esto sucede cuando un supuesto cae dentro de la zona de
penumbra, cuando estamos frente a una laguna y cuando no podemos aplicar mecánicamente
los criterios de resolución de antinomias. Además de todo ello, el componente moral
que se halla en los conceptos esencialmente controvertidos y en los principios jurídicos,
hace que inevitablemente en algunas ocasiones la decisión sea también discrecional
por esas razones morales. Sin embargo, en ninguno de los supuestos en que entra en
juego la discrecionalidad hay que caer necesariamente en la arbitrariedad. Siempre
hay que dar razones que puedan ser contrarrestadas por otras.
Actividades
1. Buscad y comentad dos sentencias del Tribunal Constitucional en las que se utilicen
conceptos esencialmente controvertidos.
2. Analizad tres sentencias del Tribunal Constitucional en las que se trate la colisión
entre principios que establecen derechos y reconstruid el método de la ponderación
que ha seguido el tribunal para resolver cada caso.
3. Respecto a las sentencias del Tribunal Constitucional analizadas en las dos actividades
anteriores, ¿os parece que el alto tribunal ha cometido algún error? ¿Hay criterios
objetivos para saber si realmente los ha cometido?
4. Pensad en tres ejemplos de conceptos que os parezcan muy claros. Después imaginad
qué características podrían tener determinados objetos para que os hicieran dudar
de si caen dentro del campo de aplicación de los conceptos seleccionados.
5. Buscad dos sentencias en las que se utilice el argumento a contrario y otras dos en las que se utilice el argumento analógico. Ahora intentad aplicar
el argumento analógico a las primeras y el a contrario a las segundas. ¿Haced un balance respecto a cuál de los argumentos en cada caso
os parece más razonable aplicar?
6. Buscad tres sentencias en las que se resuelva una antinomia. ¿Cuál ha sido el criterio
empleado en cada caso? ¿Admite el tribunal que el derecho estaba para estos casos
sobredeterminado?
Ejercicios de autoevaluación
1. La interpretación jurídica consiste...
a) en atribuir significado a textos.
b) en interpretar hechos.
c) en interpretar canciones.
d) en atribuir significado a hechos.
2. Si un texto es claro u oscuro...
a) se sabe antes de interpretarlo.
b) no se sabe antes de interpretarlo.
c) a veces se sabe antes y a veces no.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es la correcta.
3. La vaguedad de los conceptos de clase...
a) puede ser eliminada si somos cuidadosos.
b) sólo es un problema para los que no dominan una lengua.
c) no se puede eliminar.
d) no tiene ninguna virtud.
4. Para un cognoscitivista los enunciados interpretativos son...
a) siempre descriptivos.
b) siempre estipulativos.
c) a veces descriptivos y a veces estipulativos.
d) ni descriptivos ni estipulativos.
5. Para un no cognoscitivista los enunciados interpretativos son...
a) siempre descriptivos.
b) siempre estipulativos.
c) a veces descriptivos y a veces estipulativos.
d) ni descriptivos ni estipulativos.
6. Para la concepción intermedia, los enunciados interpretativos son...
a) siempre descriptivos.
b) siempre estipulativos.
c) a veces descriptivos y a veces estipulativos.
d) ni descriptivos ni estipulativos.
7. Cuando hay un conflicto entre el criterio cronológico y el jerárquico,...
a) prevalece el cronológico.
b) prevalece el jerárquico.
c) a veces prevalece uno y a veces otro.
d) nunca prevalece ninguno.
8. ¿Un principio se puede aplicar directamente a un caso?
a) Siempre.
b) Sólo algunas veces.
c) Nunca, pues carece de condiciones de aplicación.
d) Siempre, porque carece de condiciones de aplicación.
9. Entre los argumentos a contrario y analógico,...
a) ambos son válidos desde el punto de vista lógico.
b) ninguno de los dos es válido lógicamente.
c) sólo el analógico es válido.
d) sólo el argumento a contrario es válido.
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?
a) Ni el argumento a contrario ni el analógico crean normas.
b) Sólo el analógico crea normas.
c) Sólo el argumento a contrario es creativo.
d) Ambos son creadores de normas.
Ejercicios de autoevaluación
1. La interpretación jurídica consiste...
a.Correcto
b.Incorrecto
c.Incorrecto
d.Incorrecto
2. Si un texto es claro u oscuro...
a.Incorrecto
b.Correcto
c.Incorrecto
d.Incorrecto
3. La vaguedad de los conceptos de clase...
a.Incorrecto
b.Incorrecto
c.Correcto
d.Incorrecto
4. Para un cognoscitivista los enunciados interpretativos son...
a.Correcto
b.Incorrecto
c.Incorrecto
d.Incorrecto
5. Para un no cognoscitivista los enunciados interpretativos son...
a.Incorrecto
b.Correcto
c.Incorrecto
d.Incorrecto
6. Para la concepción intermedia, los enunciados interpretativos son...
a.Incorrecto
b.Incorrecto
c.Correcto
d.Incorrecto
7. Cuando hay un conflicto entre el criterio cronológico y el jerárquico,...
a.Incorrecto
b.Correcto
c.Incorrecto
d.Incorrecto
8. ¿Un principio se puede aplicar directamente a un caso?
a.Incorrecto
b.Incorrecto
c.Correcto
d.Incorrecto
9. Entre los argumentos a contrario y analógico,...
a.Incorrecto
b.Correcto
c.Incorrecto
d.Incorrecto
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?
a.Incorrecto
b.Incorrecto
c.Incorrecto
d.Correcto
Glosario
- ambigüedad f
- Una palabra es ambigua si tiene más de un significado dentro de una comunidad lingüística determinada.
- antinomia o contradicción normativa f
- Dos normas son contradictorias si resuelven un mismo caso con soluciones incompatibles.
- colisión de principios f
- Se da cuando más de un principio se podría aplicar de manera incompatible para resolver un caso.
- concepciones cognoscitivistas f pl
- Aquellas teorías de la interpretación jurídica, según las cuales interpretar una formulación normativa es detectar su significado e informar del mismo.
- concepciones intermedias f pl
- Aquellas teorías de la interpretación jurídica, según las cuales interpretar una formulación normativa a veces es detectar su significado y otras consiste en estipularlo.
- concepciones no cognoscitivistas f pl
- Aquellas teorías de la interpretación jurídica, según las cuales interpretar una formulación normativa es adjudicar o estipular su significado.
- conceptos esencialmente controvertidos m pl
- Conceptos valorativos, con una estructura interna compleja, en los que existen casos paradigmáticos de aplicación.
- connotación f
- Característica de las palabras de clase. Está formada por el conjunto de propiedades que un objeto ha de tener, según el criterio que se utilice, para ser nombrado por la palabra de que se trate.
- denotación f
- Característica de las palabras de clase, compuesta por todos los objetos que nombra la palabra de que se trate.
- interpretación jurídica f
- Actividad de describir o decidir el significado de algún texto jurídico o el producto de esa actividad.
- laguna f
- En relación con un determinado sistema jurídico, existe una laguna si un supuesto de hecho no está correlacionado con ninguna consecuencia jurídica.
- ponderación de principios f
- Método a través del cual se establece una relación de precedencia entre dos principios que colisionan con el objetivo de extraer la regla que resuelva el caso.
- principios jurídicos m pl
- Estándares que se caracterizan, a diferencia de las reglas, por carecer de condiciones de aplicación y por tener una dimensión de peso que permite de ponderación.
- problemas de indeterminación m pl
- Problemas que se dan cuando existen dudas acerca de si un caso cae bajo el ámbito de aplicación de una norma.
- problemas de sobredeterminación m pl
- Problemas que se dan cuando, en relación con el sistema jurídico de que se trate, hay más de una norma que resuelve de manera incompatible un caso.
- problemas de subdeterminación m pl
- Problemas que se dan cuando, en relación con el sistema jurídico de que se trate, no hay norma aplicable a un caso.
- textura abierta del lenguaje f
- Rasgo de las palabras de clase que surge porque no podemos prever qué propiedades podrán tener los objetos en el futuro.
- vaguedad f
- Cualidad de un concepto que tiene límites imprecisos, es decir, si no está clara su denotación en relación con su connotación.
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