El derecho: qué es y cómo es

Es habitual afirmar que el derecho es un «sistema», hasta el punto de que las expresiones derecho, sistema jurídico o sistema legal suelen usarse como sinónimos. Ahora bien, ¿qué es propiamente un «sistema», y qué nos permite calificar al derecho como tal?

Un sistema suele definirse como un conjunto de elementos más una estructura o, dicho con otras palabras, una serie de elementos que guardan alguna relación entre sí, que es lo que les confiere un cierto orden o estructura interna. También puede definirse, por tanto, como un conjunto ordenado de elementos.

El derecho, en consecuencia, no sería un cúmulo sin más de elementos desordenados o sin relación alguna que les confiera un cierto orden o estructura, como podría ser, por ejemplo, el conjunto formado por una manzana, la ciudad de Londres y el número pi, sino que (al menos en principio) sus elementos están ordenados y relacionados de alguna manera (es por ello que a menudo también se hace referencia al derecho como «ordenamiento jurídico», resaltando la idea de orden o estructura). Un ejemplo sencillo de conjunto ordenado (esto es, de sistema) sería, por ejemplo, el conjunto de los cien primeros números primos, pues existe una relación o propiedad común entre sus elementos que les confiere un orden (en este caso, tratarse de números enteros divisibles únicamente por ellos mismos y por uno).

La caracterización del derecho como un sistema plantea por lo pronto dos cuestiones: ¿qué elementos forman parte del conjunto (o de qué está compuesto dicho conjunto)? y ¿qué relación o relaciones guardan los elementos del conjunto entre sí?

a) La primera pregunta parece tener, a primera vista, una respuesta evidente: los elementos que conforman el sistema jurídico son normas. Sin embargo, desgraciadamente la cuestión no es tan simple. Aunque afirmar que el derecho está compuesto por normas es a grandes rasgos correcto, hay muchas cuestiones que debemos considerar. Como veremos, el término norma no es unívoco, sino que puede tener distintos significados, y no todos ellos parecen tener una conexión directa con el derecho. Por otra parte, incluso entre los sentidos de norma que de algún modo pueden ser relevantes para el derecho por su conexión con la guía del comportamiento humano, es posible diferenciar entre distintas clases o tipologías de normas, y existe discusión acerca de si se pueden o no reducir o reconducir a una única categoría. Y en el caso de que se trate de tipos o categorías irreductibles, también existe debate sobre qué tipos de normas contiene el derecho. E incluso una vez aclarado este punto, quedaría por ver qué es lo que confiere a estas normas su carácter «jurídico» o, con otras palabras, qué es lo que permite diferenciar las normas jurídicas de otras normas, como las sociales, las morales o las religiosas. A estas cuestiones nos referiremos brevemente en el siguiente epígrafe (el derecho como sistema normativo).

b) Por lo que respecta a las relaciones entre los elementos del conjunto, las que permiten calificar al derecho como un sistema son fundamentalmente dos: la relación de deducibilidad y la relación de legalidad.

La relación de deducibilidad es de tipo lógico-deductivo, y significa que forman parte del sistema jurídico no solo aquellos elementos explícitamente promulgados o dictados por la autoridad (que suelen ser denominadas «normas promulgadas»), sino también sus consecuencias lógicas (habitualmente denominadas «normas implícitas o derivadas»). Este tipo de relación parece bastante evidente. Si la autoridad competente dicta la disposición «Se prohíbe circular a una velocidad superior a 120 km/h por autovías y autopistas», parece claro que también estará legalmente prohibido circular a más de 200 km/h, aunque no exista ninguna disposición explícita que así lo indique. De modo similar, si una disposición explícitamente promulgada establece que «Los residentes en España están obligados a pagar el impuesto sobre la renta», de ahí se deriva también que «Los residentes en Segovia están obligados a pagar el impuesto sobre la renta». La razón es que la norma implícita o derivada se deduce lógicamente de la primera (la explícita), y sería contradictorio afirmar que el derecho prohíbe circular a más de 120 km/h pero en cambio no prohíbe hacerlo a más de 200 km/h, o que los residentes en España deben pagar el impuesto sobre la renta y sin embargo los residentes en Segovia no tienen tal obligación.

La relación de legalidad, por su parte, tiene que ver con el proceso de creación de los elementos del sistema, razón por la cual también suele ser denominada como relación genética (de génesis, es decir, creación o nacimiento). La mayoría de elementos que forman parte de un sistema jurídico no están relacionados entre sí de manera lógico-deductiva o, dicho de otro modo, no se deducen lógicamente unos a partir de otros, sino que forman parte del derecho por haber sido creados de determinada manera (conforme a lo que establecen otros elementos del propio sistema). Por ejemplo, si el Parlamento aprueba una ley sobre protección medioambiental y esta ley autoriza al Ministerio de Medio Ambiente a fijar mediante una orden ministerial los límites máximos de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las industrias, y más tarde dicho Ministerio aprueba una orden ministerial estableciendo dichos límites, este formará parte del sistema no porque su contenido se deduzca lógicamente de lo que establece la ley, sino por haber sido aprobado conforme a ciertos requisitos o condiciones formales y sustantivas (fundamentalmente, que se trate del órgano competente para dictar la disposición, que se haya seguido el procedimiento legalmente establecido para su aprobación y que su contenido no resulte incompatible con lo dispuesto en normas de rango o jerarquía superior).

Esta breve referencia a las dos relaciones básicas que estructuran los sistemas jurídicos nos permite introducir la distinción entre sistemas estáticos y dinámicos. Los sistemas estáticos son aquellos compuestos siempre por los mismos elementos (como en el ejemplo antes expuesto de los cien primeros números primos), mientras que los sistemas dinámicos se caracterizan por la posibilidad de cambios en los elementos que integran el conjunto, es decir, que en ciertos momentos o bajo ciertas circunstancias pueden incorporarse nuevos elementos al conjunto, o algunos de los elementos que previamente formaban parte del mismo sistema pueden dejar de pertenecer al mismo. Usando un ejemplo muy simple, un sistema dinámico podría ser el conjunto formado por las personas que esperan el autobús en una parada determinada. La relación «esperar el autobús en la parada X» sería lo que relaciona a los elementos del conjunto y lo que le otorga una estructura, por lo que este puede ser calificado como un sistema. Pero los elementos que integran el conjunto van variando con el tiempo, en función de las personas que estén esperando el autobús, e incluso cabe la posibilidad de que en determinados momentos se trate de un conjunto vacío (cuando nadie esté esperando).

Si la única relación que estructurase los sistemas jurídicos fuese la de deducibilidad, el derecho sería únicamente un sistema estático, ya que estaría compuesto exclusivamente por una serie de elementos explícitos más sus correspondientes consecuencias lógicas. La relación de legalidad es precisamente la que le otorga un carácter dinámico, pues gracias a ella es posible el cambio de su contenido a través de la incorporación de nuevos elementos (mediante la promulgación) y de la eliminación de elementos previamente existentes (derogación). A estos mecanismos que permiten la dinámica de los sistemas jurídicos nos referiremos en el apartado 4.

Además, la existencia de relaciones de legalidad entre distintos elementos del sistema jurídico es un elemento clave (aunque no el único) que diferencia al derecho de otros conjuntos normativos, como el de la moral, el de las reglas sociales o el de las normas religiosas. Entre los preceptos y principios de un sistema moral (como, por ejemplo, el deber de cumplir las promesas, la prohibición de dañar o perjudicar a los demás sin motivo justificado, la obligación de cuidar y ayudar adecuadamente a las personas que están a nuestro cargo, etc.) no existen relaciones de legalidad; en otras palabras, el sistema no contiene preceptos que regulen mecanismos o procedimientos para introducir nuevos elementos en el sistema o eliminar algunos previamente existentes. De hecho, es dudoso incluso que la moral pueda ser calificada como un sistema dinámico, ya que parecería estar compuesta por un pequeño núcleo o conjunto de principios básicos de los cuales pueden deducirse o derivarse los demás elementos (por ejemplo, de la obligación general de cumplir las promesas puede derivarse el deber de cumplir los acuerdos o compromisos adquiridos, el deber de no traicionar, etc.; o de la prohibición de dañar a los demás injustificadamente, puede derivarse la obligación de no aprovecharse de las situaciones de debilidad o vulnerabilidad de otras personas para obtener un beneficio propio). Tampoco parece que un sistema normativo de tipo religioso (que establece desde obligaciones acerca del tipo de cultos que se deben realizar y cómo llevarlos a cabo hasta preceptos relacionados sobre cómo vestir, qué comer o cómo comportarse) tenga carácter dinámico, porque en principio todos sus preceptos derivan de lo que una autoridad divina ha establecido, normalmente a través de textos considerados sagrados.

En cambio, en el caso de las normas sociales sí que parece que estamos ante un sistema dinámico, pues estas evolucionan con la propia dinámica de cada sociedad, y son variables a lo largo del tiempo y distintas en cada momento y lugar. Podríamos convenir en que algunas reglas sociales (que son informales pero no por ello carecen de relevancia o de capacidad para guiar nuestro comportamiento) son, entre otras, que hay que saludar a los amigos, compañeros o conocidos cuando coincidimos con ellos, que hay que utilizar los cubiertos para comer, que hay que ir vestidos por la calle, que hay que ceder el asiento a ciertos colectivos de personas, como ancianos o mujeres embarazadas, que hay que respetar el orden en las colas o que hay que dar una propina en señal de agradecimiento por un servicio recibido, por usar algunos ejemplos. Pero estas reglas no son inamovibles, sino que van evolucionando y a lo largo del tiempo se van introduciendo algunas nuevas y se van eliminando otras que van quedando desfasadas.

En cualquier caso, los elementos que forman parte del sistema de reglas sociales no pertenecen al mismo por el hecho de tener entre sí una cierta relación de legalidad, es decir, por haber sido creados conforme a los criterios o procedimientos establecidos por otros elementos del sistema.

Todo sistema es un conjunto (ordenado) de elementos. En el caso del derecho, parece que estos elementos están de algún modo relacionados con la guía del comportamiento, esto es, parece que, al menos en buena medida, el derecho está formado por pautas de comportamiento que indican aquello que los destinatarios pueden o no hacer. Tales pautas o guías de conducta suelen denominarse normas, con lo que el derecho contaría entre sus elementos con una cantidad considerable de normas. Y es precisamente el hecho de que contenga normas lo que nos permite calificarlo como sistema normativo.

Aunque examinaremos más adelante el concepto de norma con mayor detalle (en el apartado 2), puede hacerse ya una puntualización importante. Como sabemos, el derecho no parece ser el único sistema normativo, en el sentido de que hay otros sistemas (social, moral, religioso…) que cuentan también con pautas que guían la conducta y establen qué comportamientos son obligatorios, prohibidos o permitidos. Pero así como tales sistemas parecen estar compuestos únicamente por normas de conducta obligatorias para los destinatarios, una diferencia significativa es que, si bien resulta indudable que el derecho cuenta con muchas normas en este sentido, no parece que esté compuesto exclusivamente por estas, y que los sistemas jurídicos cuentan también con otros elementos que no parecen encajar en esta categoría. Por ejemplo, el artículo 5 de la Constitución española de 1978 establece que «La capital del Estado es la villa de Madrid». Otros preceptos parecen limitarse a definir un concepto legal (por ejemplo, el art. 1.2 del Estatuto de los trabajadores de 1980 establece la definición legal de «empresario» en una relación laboral: «A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior»). Ningún jurista duda de que estos preceptos forman parte del ordenamiento jurídico español, pero no parecen obligar, prohibir o permitir ningún comportamiento. Usando otro ejemplo, existen preceptos legales que establecen las condiciones formales o sustantivas para que un acto jurídico (como un testamento o un contrato) sea legalmente válido. Es decir, establece las condiciones para que algo pueda ser considerado desde el punto de vista legal como (por ejemplo) un «testamento», y de ese modo pueda desplegar las consecuencias legales correspondientes a ese acto jurídico (básicamente, decidir a quién corresponden los bienes de una persona tras su fallecimiento). Pero en sentido estricto, tales preceptos no establecen obligación o prohibición alguna. Naturalmente, si se pretende que el documento tenga efectos legales (y sea considerado como testamento, contrato, etc. desde el punto de vista jurídico), deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos, pero estos preceptos no nos obligan (ni nos prohíben) a cumplir esas condiciones (es decir, a celebrar testamentos o contratos válidos), sino que más bien definen o configuran el concepto legal de testamento o contrato.

De lo anterior podemos extraer la conclusión de que el hecho de que un sistema sea normativo no implica que necesariamente todos los elementos que lo conforman sean normas, entendidas como pautas obligatorias de conducta (obligaciones, prohibiciones o permisos).

La idea fundamental del derecho como sistema coactivo es muy simple. A fin de intentar garantizar o al menos incrementar el grado de eficacia y cumplimiento de las normas de conducta, pueden establecerse mecanismos que impliquen el uso de la fuerza (incluso física) o la coacción en caso de incumplimiento. Sin estos mecanismos, y a menos que el destinatario haya aceptado o internalizado la pauta de conducta y la lleve a cabo de manera voluntaria (por convicción), probablemente las normas serían incumplidas cuando ello supusiera algún tipo de ventaja para el sujeto. Como vimos en el módulo anterior, a través de las normas, y especialmente de los mecanismos para asegurar su cumplimiento, se intenta modificar la estructura de incentivos para hacer que lo conveniente o lo racional sea cumplir la norma. Seguramente seré más proclive a pagar mis impuestos gracias a la existencia de la inspección de tributos y a las sanciones que conlleva no pagarlos; probablemente no conduciré tan deprisa si sé que hay radares que miden la velocidad y que el exceso de la misma conlleva multas o incluso sanciones penales, o por mucho que desee tener el último modelo de teléfono móvil, muy posiblemente me abstenga de robarlo si sé que ello puede incluso llevarme a prisión.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que para el correcto funcionamiento de un sistema jurídico, o de cualquier sistema normativo en general, los sujetos han de cumplir las normas en la mayoría de los casos de manera voluntaria o por convicción, sin necesidad de recurrir al uso o a la amenaza de la coacción. Si el único modo de que las normas sean cumplidas es mediante el recurso a la fuerza, el sistema será en conjunto débil, inestable y poco eficaz, ya que el recurso a la violencia exige mucho esfuerzo y recursos por parte del Estado y su efectividad es limitada. Usando un ejemplo extremo, si por lo general las personas no matamos a nuestros semejantes, no es solo porque se nos amenace con pasar una larga temporada en prisión si lo hacemos, sino principalmente porque asumimos que matar es algo que está mal y no hay que hacerlo, por lo que aceptamos la norma de manera voluntaria y la cumplimos por convicción. Si la única razón para no matar fuese la existencia de una sanción jurídica, muy probablemente los casos de homicidio y asesinato serían mucho más frecuentes, sobre todo en aquellos casos en que considerásemos que hay pocas probabilidades de ser sancionados.

Este cuarto aspecto o característica es sin duda el más relevante a la hora de poder diferenciar claramente los sistemas jurídicos respecto de otros conjuntos normativos.

La relación entre el derecho y este entramado institucional es conceptual o necesaria, porque todo el proceso de creación (y por tanto su propia existencia y contenido) y de aplicación de las normas jurídicas está relacionado con la actuación de determinados órganos, instituciones o autoridades formales. Estos órganos son creados a través de normas jurídicas; sus funciones o competencias, así como los procedimientos a través de los que actúan, se rigen mediante normas jurídicas, y en no pocos casos, tienen la capacidad de crear nuevas normas jurídicas o eliminarlas. Algunas de estas instituciones, como, por ejemplo, los tribunales de justicia, tienen la capacidad de determinar cuándo se han vulnerado las normas jurídicas y aplicar la sanción correspondiente o de resolver controversias de acuerdo con lo que establece el derecho. Nada de esto ocurre en los demás tipos de sistemas normativos. No existe, por ejemplo, ningún órgano o institución mínimamente formalizada que se dedique a aprobar o derogar normas sociales, ni ningún tribunal que determine tras un procedimiento formal si se ha vulnerado o no una obligación moral e imponga la sanción correspondiente, todo ello regulado a su vez mediante normas dictadas por otras autoridades o instituciones.

Durante mucho tiempo, los teóricos del derecho estuvieron intentado determinar qué características eran las que hacían que una norma fuera jurídica, es decir, qué era lo que otorgaba a una norma su carácter jurídico y permitía diferenciarla de otros tipos de normas (morales, sociales, etc.). La idea subyacente era que todas las normas jurídicas eran reducibles a una única categoría básica que compartía las mismas propiedades esenciales, y que el sistema jurídico era el conjunto de todas las normas jurídicas.

Esta categoría básica o esencial de norma jurídica se basaba en el modelo de las prescripciones, esto es, en el de las normas que guían la conducta, por resultar el más evidente. No obstante, desde el principio resultó claro que el carácter diferenciador de las normas jurídicas no podía basarse en el contenido (pues usando un ejemplo muy claro, una prescripción como «prohibido matar» se encuentra no solo en la práctica totalidad de sistemas jurídicos, sino que también puede considerarse como una norma moral y forma parte asimismo de los códigos normativos de la mayoría de las religiones), por lo que tenía que basarse en aspectos formales.

El gran jurista inglés del siglo xix John Austin propuso una definición conforme a la cual las normas jurídicas serían «órdenes del soberano respaldadas por amenazas de sanción en caso de incumplimiento». El «soberano» se definía como aquella persona o conjunto de personas (por ejemplo, un parlamento) que era habitualmente obedecido y que habitualmente no obedecía a nadie más. El soberano también puede delegar su autoridad en otras personas u órganos.

En tiempos más recientes, el iusfilósofo austríaco Hans Kelsen, en su obra más famosa, la segunda edición de la Teoría pura del derecho (1960), expone su visión de las normas del derecho como órdenes dirigidas a las autoridades (jueces, órganos administrativos, etc.) relacionadas con el uso de la coacción. Según este autor, una norma jurídica básicamente establecería las condiciones bajo las cuales debe imponerse una sanción (si se dan ciertas circunstancias x, debe imponerse la sanción y).

Ahora bien, no cualquier imperativo o prescripción, incluso con el esquema planteado por Kelsen, será automáticamente una norma jurídica. Para que lo sea, es necesario el elemento de la validez.

Según el autor, una norma es válida (y no un mero imperativo u orden) cuando ha sido dictada conforme a lo dispuesto por otra norma que a su vez es también válida (lo que exige, de nuevo, que esta última haya sido dictada conforme a otra norma válida, y así sucesivamente). De esta manera, las normas jurídicas se estructuran conforme a una cadena de validez.

Independientemente de los problemas específicos de la posición de cada uno de estos autores, la reducción de las normas jurídicas al modelo de las prescripciones plantea el problema básico de qué hacer con todos aquellos preceptos que, al menos a primera vista, no encajan dentro de este esquema, como, por ejemplo, las siguientes:

1) Normas que definen conceptos legales (que serán después usados por otras normas). Por ejemplo, el artículo 12 de la Constitución española (CE) establece: «Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años»; o el artículo 335 del Código civil (CC) dice: «Se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación no comprendidos en el capítulo anterior [...]».

2) Normas de competencia (normas que confieren poderes a ciertos órganos o autoridades para que puedan dictar normas sobre cierta materia). Por ejemplo, el artículo 66.2 CE establece: «Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución».

3) Normas que establecen los requisitos de validez de ciertos actos jurídicos. Por ejemplo, el artículo 1261 CC dice: «No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1. consentimiento de los contratantes; 2. objeto cierto que sea materia del contrato; 3. causa de la obligación que se establezca».

Tanto Austin como Kelsen intentan afrontar estas dificultades reconduciendo estos preceptos al esquema de las normas prescriptivas, pero el resultado es muy problemático.

Por estos y otros problemas, conviene renunciar a la idea de una única categoría de norma jurídica, basada en el esquema de las prescripciones, a la que se ajustan todos los elementos del sistema jurídico. Probablemente la mejor crítica a los modelos reduccionistas como los de Austin y Kelsen es la que expuso H. L. A. Hart en The Concept of Law (1961). Según el autor inglés, un sistema normativo que contuviera exclusivamente normas de obligación (prescripciones), que en la terminología del autor se denominan «reglas primarias», se enfrentaría a tres problemas o deficiencias fundamentales:

1) Falta de certeza. En un sistema formado exclusivamente por mandatos, podrían surgir dudas o discrepancias acerca de qué normas forman parte del mismo, ya que careceríamos de los criterios necesarios para identificar qué cuenta y qué no cuenta como norma del sistema. Tales criterios de identificación no pueden ser establecidos por una prescripción, sino que se necesita alguna regla que especifique cuáles son los requisitos que definen o califican una norma como perteneciente al sistema normativo.

2) Carácter estático de las normas. En un modelo de mandatos exclusivamente, no existirían mecanismos para introducir o eliminar normas del sistema, adecuándolo a las necesidades cambiantes del grupo, con lo que el derecho tendría un carácter estático.

3) Ineficacia de la presión social difusa. Siempre es posible que surjan dudas o discrepancias acerca de si cierta norma ha sido o no infringida. En un modelo de reglas primarias exclusivamente, no existirían ni órganos ni procedimientos específicos para determinar cuándo una de esas normas ha sido infringida y, en consecuencia, las normas tenderían a ser ineficientes, puesto que solo se contaría con la presión social difusa para intentar asegurar su cumplimiento.

Por estas razones, según Hart todos los sistemas jurídicos son una combinación de reglas primarias y reglas secundarias (estas últimas llamadas de ese modo porque son normas referidas a las normas primarias). Ha habido mucha discusión teórica acerca de la naturaleza de las reglas secundarias, pero no entraremos en esta cuestión. En cualquier caso, lo importante es que el derecho no puede concebirse adecuadamente como un conjunto compuesto exclusivamente por normas que se ajustan al esquema único de las prescripciones.

Esta es la propuesta, por ejemplo, de los autores argentinos Carlos E. Alchourrón y Eugenio Bulygin en su obra Normative Systems (1971). Bajo esta perspectiva, no habría en realidad nada intrínseco a la propia norma que la convierta en jurídica; dicho de otra manera, las normas jurídicas son iguales al resto de normas y su carácter jurídico deriva de su pertenencia a un sistema jurídico.

Tomemos como ejemplo el texto siguiente: «Todas las personas físicas residentes en el territorio nacional que hayan obtenido unos ingresos brutos superiores a los 21.000 euros durante el último año natural están obligadas a presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas». Aunque las palabras sean exactamente las mismas, a todos nos parece evidente que no es lo mismo que lo diga yo (o cualquier otro individuo particular), que si se trata de un texto que forma parte de una ley aprobada por el Parlamento español (las Cortes Generales) siguiendo el proceso legalmente establecido para ello, sin vulnerar ningún precepto constitucional, y que ha sido oficialmente publicada en el Boletín Oficial del Estado. Solo en este último caso diríamos que se trata de una «norma jurídica válida» o que «forma parte del sistema jurídico español». En cambio, nadie diría lo mismo (o solo un lunático) respecto de lo que yo pueda escribir en mi casa. Es más, ni siquiera se consideraría ese texto como «derecho (español) válido», aunque fuera aprobado por el Parlamento de otro Estado siguiendo los procedimientos de ese otro Estado. Ello muestra que contamos con una serie de criterios para determinar si un precepto es o no «derecho válido» o si «forma parte del derecho». Por tanto, la noción de validez está vinculada a la propia idea de existencia del derecho, entendida como la pertenencia al sistema jurídico.

Como regla general, puede afirmarse que una norma pertenece al sistema jurídico (es jurídicamente válida) si, y solo si, satisface alguno de los criterios siguientes: de deducibilidad, de legalidad o de validez originaria.

Dicho de un modo más informal: las normas derivadas de otras normas del sistema jurídico son también normas pertenecientes a dicho sistema jurídico.

Es decir, en la medida en que se trate de una norma que ha sido dictada conforme a las exigencias formales y sustantivas establecidas por las normas de competencia correspondientes, pertenecerá al sistema jurídico.

Ahora bien, en este punto nos enfrentamos a un problema. Si tratamos de reconstruir la cadena de validez de una norma, llegará un momento en que nos hallaremos ante una norma que no reúne ni el requisito de la legalidad ni el de la deducibilidad.

Por ejemplo, si nos preguntamos acerca de la validez de las normas que rigen el uso de ciertas instalaciones deportivas de un municipio, probablemente podremos hallar su fundamento de validez en cierta ordenanza municipal, que a su vez se sustenta en una ley estatal o autonómica de régimen local, que a su vez se apoya en el estatuto de autonomía correspondiente (si se trata de una ley autonómica), que a su vez encuentra su fundamento de validez en la Constitución. Pero, ¿qué ocurre con la Constitución? Sus normas no han sido dictadas de acuerdo con lo establecido por otras normas del sistema (no satisfacen el criterio de legalidad), ni tampoco son normas que se deduzcan lógicamente de otras normas del sistema (no satisfacen el criterio de deducibilidad). Sin embargo, ningún jurista diría que las normas de la Constitución no son normas válidas del sistema. Por eso, es necesario contar con algún otro criterio de validez jurídica.

Lo anterior nos sirve para introducir la distinción entre normas dependientes y normas independientes o soberanas. Las primeras son aquellas cuya validez depende de su relación con otros elementos del sistema (ya sea por relaciones de legalidad o de deducibilidad); son, por tanto, normas que dependen de otras normas. En cambio, las independientes son normas válidas por definición, aquellas cuya validez no depende de otros elementos del sistema, ya que esta es originaria.

Por tanto, que una determinada norma sea aplicable dependerá, en suma, de que otra norma válida del sistema jurídico obligue o permita su aplicación.

Como regla general, las normas válidas (pertenecientes) son normas aplicables, así como las normas aplicables son por lo general normas válidas. Sin embargo, no se da una total correspondencia entre los dos conjuntos (normas pertenecientes y normas aplicables), por lo que podemos encontrar ejemplos tanto de normas pertenecientes pero no aplicables como de normas aplicables que no pertenecen al sistema.

Algunos ejemplos de normas válidas pero no aplicables serían los siguientes:

a) Normas en período de vacatio legis. Como ya sabemos, se denomina vacatio legis al período de tiempo que transcurre entre la publicación oficial de una disposición y su entrada en vigor, que, como regla general y si la propia disposición no establece otra cosa, en el derecho español es de veinte días. Durante ese período, la norma es válida (pertenece al sistema), como lo demuestra el hecho de que puede ser derogada, pero no es aplicable; de hecho, si algún juez u otro órgano aplicaran esa norma antes de su entrada en vigor, su decisión sería contraria a derecho.

b) Normas suspendidas. Los distintos sistemas jurídicos suelen incluir normas que establecen que, bajo determinadas situaciones excepcionales que ponen en peligro la estabilidad, ciertas otras normas serán temporalmente suspendidas para hacer frente a la situación, de manera que, mientras dure esa situación excepcional, no serán aplicables.

También existen situaciones en las que resultan aplicables normas que no pertenecen al sistema, como en los casos siguientes:

a) Normas derogadas. Cuando una norma es derogada, es expulsada del sistema jurídico y, por eso, a partir de ese momento, deja de ser una norma válida (perteneciente al sistema). Sin embargo, esto no significa necesariamente que no pueda todavía ser aplicable o incluso que los jueces deban aplicarla para resolver el caso planteado.

b) Normas de derecho extranjero. En ocasiones, puede ocurrir que las normas que resulten aplicables para resolver un caso sean normas de otro ordenamiento jurídico extranjero (que, por definición, no pertenecen al sistema jurídico de la nacionalidad del órgano que toma la decisión). Existe una rama del Derecho, llamada Derecho internacional privado, que fundamentalmente se ocupa de determinar qué normas son las que resultan aplicables en situaciones en las que, por distintas circunstancias, los sistemas jurídicos de distintos países están involucrados.

c) Normas irregulares. Las normas irregulares son aquellas que, por alguna razón, no cumplen con todos los requisitos de validez (por ejemplo, porque el órgano que las dictó se extralimitó de sus competencias o porque no siguió correctamente el procedimiento de creación, o porque resulta incompatible con lo que disponen normas de rango superior).

Estas normas, por tanto, son inválidas y no pertenecen al sistema jurídico. Sin embargo, en algunos casos pueden resultar aplicables. En nuestro derecho, por ejemplo, las normas con rango de ley contrarias a la Constitución son aplicables (todos los órganos tienen el deber de aplicarlas) en tanto no sean declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

Es más, en la hipótesis de que el Tribunal Constitucional, erróneamente, declarase que una ley es constitucional aun cuando fuera contraria a la Constitución, esta sería aplicable con carácter definitivo y todos los demás órganos tendrían el deber de aplicarla, aun siendo inválida.

Los sistemas jurídicos cuentan entre sus elementos con cierto tipo de normas, las llamadas normas de competencia, que son las que permiten la incorporación de nuevos elementos al sistema, al establecer el marco y las condiciones mediante las cuales ciertos órganos o autoridades pueden dictar nuevas normas.

Estas normas son las que hacen posible que, siempre que los órganos competentes dicten nuevas normas cumpliendo todos los requisitos exigidos por las normas de competencia, estas pasen a formar parte del sistema jurídico (sean normas válidas, pertenecientes al sistema).

Los requisitos de validez establecidos por las normas de competencia son fundamentalmente de tipo «formal»:

a) que la autoridad que dicta las normas sea competente (órgano O),

b) que las normas versen sobre la materia sobre la que ese órgano tiene competencia (materia M) y

c) que hayan sido dictadas conforme al procedimiento establecido (procedimiento P).

Pero, además, es necesario satisfacer también condiciones de tipo «material»: toda norma, para ser válida (y, por tanto, para formar parte del sistema jurídico), debe no ser incompatible con lo establecido por otras normas válidas de rango o jerarquía superior.

Esa es la razón por la que, por ejemplo, una ley inconstitucional carece de validez: a pesar de haber sido aprobada por el órgano competente (Cortes Generales o un Parlamento autonómico), sobre un asunto o materia de su competencia, y siguiendo el procedimiento legislativo, se exige además que no resulte contraria a la Constitución, por ser esta de jerarquía superior.

Las normas derogadas han formado parte previamente del derecho en algún momento, por lo que no se habla de «derogación» en relación con aquellas normas que nunca han pertenecido al derecho.

Existen fundamentalmente dos mecanismos mediante los cuales pueden derogarse normas jurídicas: la derogación expresa y la derogación tácita. A su vez, dentro de la derogación expresa, puede distinguirse entre la derogación formal o nominada y la derogación material o innominada. A continuación las explicaremos con más detalle:

1) La derogación expresa es aquella que se lleva a cabo mediante una disposición derogatoria, un elemento introducido expresa o explícitamente (de ahí el nombre) por la autoridad competente y que suele tener la forma: «Queda derogada la norma N» (o similar). Estas disposiciones suelen colocarse en la parte final de los textos legales aprobados (leyes, decretos, etc.). Además, dependiendo del grado de determinación o precisión con la que la disposición derogatoria identifica las normas derogadas, es posible diferenciar entre la derogación expresa formal o nominada y la derogación expresa material o innominada.

a) La derogación (expresa) es formal o nominada cuando la disposición derogatoria identifica de manera precisa aquellas normas que son objeto de la derogación (por ejemplo: «Quedan derogados los artículos x, y y z de la Ley L»).

b) La derogación (expresa) es material o innominada cuando la disposición derogatoria no realiza una relación precisa de los elementos derogados, sino que solo hace una referencia genérica a las normas que resultan derogadas, correspondiendo por tanto a los intérpretes y aplicadores del derecho en general la identificación precisa de las normas derogadas (por ejemplo: «Quedan derogadas todas aquellas normas que se opongan [sean incompatibles] con la presente ley»).

2) La derogación tácita, por su parte, es aquella que se produce sin necesidad de disposición derogatoria alguna, puesto que ocurre por la simple aplicación del llamado criterio cronológico, que consiste en que las normas posteriores derogan todas aquellas normas anteriores de igual o inferior jerarquía que resulten incompatibles.

Al igual que ocurre en la derogación expresa material, corresponderá a los intérpretes y aplicadores del derecho la tarea de identificar concretamente qué elementos han quedado derogados.

El último inciso del artículo 2.2 del Código civil sirve para zanjar una cuestión que había sido históricamente discutida, y que recibe el nombre de «reviviscencia»: ¿vuelven a formar parte del derecho aquellas normas que habían sido derogadas cuando la norma que las derogó queda derogada? El Código civil cierra la discusión dando una respuesta negativa: la derogación es definitiva y, por tanto, el único modo de «revivir» una norma es aprobándola de nuevo.