Los conceptos jurídicos fundamentales

Sin embargo, no ha sido siempre así. En los sistemas legales que reconocían la institución de la esclavitud (como el derecho romano), los esclavos no eran considerados personas por el derecho, a pesar de ser seres humanos desde el punto de vista biológico, por lo que carecían de la posibilidad de actuar de forma legalmente válida (no podían, por ejemplo, tener propiedades, celebrar contratos o heredar), al menos en tanto que mantuvieran la condición legal de esclavos. Al contrario, desde el punto de vista del sistema jurídico, eran objetos o cosas, por lo que podían, por ejemplo, ser vendidos, alquilados, regalados o destruidos por sus propietarios.

De hecho, un debate actual (principalmente en el ámbito de la filosofía moral) y que está cobrando cada vez mayor relevancia es el de la conveniencia de ampliar el estatus legal de persona a ciertos animales no humanos. En la actualidad, en la mayoría de sistemas jurídicos (entre ellos el español), los animales no humanos tienen la consideración de cosas, por lo que no son titulares de derechos ni destinatarios de obligaciones. Sin embargo, esto no significa que estén totalmente desprotegidos desde el punto de vista legal, ya que lo que sí que existen son determinadas obligaciones dirigidas a los seres humanos (o a las «personas» en sentido legal) acerca de cómo tratar a los animales, que nos impiden entre otras cosas matarlos o dañarlos a nuestro antojo. Pero si existen estos límites no es porque los animales tengan derechos en sentido legal, sino porque las personas tenemos deberes relativos a nuestro trato hacia los animales. Al margen de tales obligaciones, en algunos sistemas jurídicos (como el alemán, el francés o el austríaco) se ha creado una especie de categoría o estatus legal intermedio entre las personas y las cosas, para situar en ella a los aminales; de hecho, en el momento de escribir estas líneas, se está tramitando una reforma legal en España por la que los animales dejarían de ser legalmente cosas para ser considerados «seres vivos dotados de sensibilidad».

El desarrollo productivo y comercial que trajo consigo la revolución industrial hizo patentes algunas de las limitaciones de los sistemas jurídicos existentes en la época. Imaginemos, por ejemplo, un negocio de fabricación, distribución y venta de tejidos, un sector con un enorme auge durante el siglo xix. La industria textil requería de grandes inversiones (fábricas, maquinaria, materias primas, trabajadores, medios de transporte, etc.), que habitualmente no estaban al alcance de un único individuo. Es también probable que algunos (o todos) de los miembros que quisieran llevar adelante ese proyecto empresarial necesitaran financiación. Y aunque la figura del prestamista es muy antigua, las nuevas necesidades requerían de mayores inversiones, que a su vez exigían aportaciones de muchas personas para poder ofrecerlas (los bancos). Por lo general, pues, era necesario que un conjunto de individuos colaborase en un proyecto empresarial común y aportasen todos ellos recursos para poder llevarlo adelante y poder obtener beneficios. Pero esto planteaba algunas dificultades: por ejemplo, si un proveedor quería proporcionar materias primas (como, por ejemplo, lana, algodón o lino), ¿tenía que contratar con todos los miembros que participaban en el proyecto empresarial? Si surgía alguna disputa o controversia (por ejemplo, no le pagaban el precio estipulado en el contrato por las materias primas), ¿debía demandar judicialmente a todos los miembros? ¿Qué ocurría cuando alguno de los miembros fallecía o vendía su parte a otra u otras personas?

Por ejemplo, alguien puede ser tan rico como para considerar que el pago de una multa no le supone ningún mal, o tener tanto desapego a los bienes materiales que no valore como algo negativo el que se le obligue a pagar una cierta cantidad. De modo similar, una pena de inhabilitación para ejercer un cargo público puede no tener ninguna importancia para quien no se plantee trabajar en la administración pública o presentarse a un cargo electo, o la privación del derecho de sufragio (que suele imponerse como pena accesoria a la de privación de libertad mientras dura la condena) puede no suponer consecuencia negativa alguna para alguien que nunca ha tenido la costumbre de votar ni participar políticamente. Usando un ejemplo extremo, incluso la pena de muerte podría no ser considerada un mal para alguien que tuviera previsto suicidarse. En cualquier caso, la opinión del individuo concreto sancionado no es lo que determina que algo sea considerado o no como un bien.

De este modo, no sería calificada como sanción una medida como, por ejemplo, el confinamiento forzoso o cuarentena de los habitantes de un área determinada en caso de un brote epidémico, aunque se trate de un acto coactivo que priva de un bien (la libertad de circulación) dictado por la autoridad competente, como tampoco lo serían medidas tomadas sobre la base de determinadas circunstancias o características de los destinatarios, como, por ejemplo, prohibir la realización de ciertas actividades consideradas como peligrosas a personas que no lleguen a una altura o edad mínima.

Este esquema teórico encaja muy bien con la concepción de las normas jurídicas que tiene Kelsen, para quien estas son mandatos dirigidos a los aplicadores del derecho (jueces y órganos administrativos) relacionados con el uso de la coacción, es decir, con la imposición de sanciones. Para el autor, los destinatarios directos de las normas jurídicas son los jueces y demás aplicadores, y los ciudadanos en general solo serían destinatarios indirectos. De este modo, por ejemplo, la «auténtica» norma jurídica sería la que impone a los jueces la obligación de dictar una determinada pena de prisión a quien cometa homicidio, y de ahí indirectamente se extraería la norma para los ciudadanos de que no debe cometerse homicidio (porque es el comportamiento que evita la sanción). De hecho, en determinados ámbitos del derecho, como el derecho penal, este parece ser el esquema: el Código penal no establece que está prohibido cometer homicidio, robo, secuestro, violación, etc., sino que sus disposiciones siguen la estructura «si alguien comete X (robo, secuestro, violación, homicidio, etc.), debe ser condenado con la pena Y».

En esencia, la propuesta de Kelsen adolece de los problemas derivados de la pretensión de querer reducir las normas jurídicas a una única categoría (prescripciones dirigidas a los jueces estableciendo las condiciones para la imposición de sanciones). En el caso de las normas prescriptivas, como vimos en su momento, es perfectamente separable la norma que prescribe (ordena, prohíbe) una conducta de la sanción que otra norma establezca para el caso de incumplimiento, por lo que es perfectamente concebible la primera sin la segunda. Si partimos del modelo kelseniano, en el caso de que no exista sanción alguna prevista para el caso de que no actuemos conforme a lo dispuesto por una norma, deberíamos afirmar que estaríamos frente a una mera «apariencia» de deber jurídico, pero no ante un deber jurídico real, al no existir sanción alguna en caso de no satisfacer lo establecido por la norma. Del mismo modo, en caso de no existir sanción, no habría acto ilícito alguno, aun cuando actuásemos de manera contraria a lo que la norma ordena. Además, como tuvimos ocasión de ver, este esquema no ofrece una explicación satisfactoria de la nulidad de los actos jurídicos que no satisfacen los requisitos o condiciones establecidos por las normas constitutivas, puesto que la nulidad no es técnicamente una sanción.

Tomemos como ejemplo la afirmación «Todos tenemos derecho a una vivienda digna». Para poder afirmar que el derecho (jurídico) a una vivienda digna existe como tal, y que no se trata solo de una mera aspiración o de un derecho moral (y no legal), tiene que estar de algún modo reconocido a través de las disposiciones del derecho objetivo (por ejemplo, en un artículo de la Constitución). Además, el contenido de dicho derecho subjetivo estará configurado por lo que establezcan las normas jurídicas (derecho objetivo). Dicho contenido podría consistir, por ejemplo, en medidas de promoción de la vivienda protegida, alquileres sociales, beneficios fiscales para el arrendamiento, compra o mejora de la vivienda habitual, préstamos a bajo interés para viviendas, etc. Esa sería la «traducción» del derecho subjetivo a la vivienda en términos de derecho objetivo. De ese modo, si se diera el caso de que el derecho a la vivienda digna fuera tan solo proclamado por una disposición constitucional pero no hubiera ningún tipo de desarrollo normativo asociado al mismo, no sería más que una apariencia de derecho, o, usando una expresión del profesor genovés Riccardo Guastini, un «derecho de papel», porque sería como proclamar «¡Hurra por la vivienda digna!» sin ningún impacto o consecuencia efectiva.