El derecho en acción: interpretación y aplicación del derecho

Estos casos pueden ser bastante problemáticos, ya que, si bien podría decirse con carácter general que el criterio jerárquico prevalece sobre los demás (cronológico y de especialidad), la relación entre estos dos últimos no resulta muy clara, dado que si acudimos a la jurisprudencia, podemos encontrar tanto sentencias que dan prioridad al criterio de especialidad frente al cronológico (prevalece la norma anterior y especial respecto a la posterior más general), como también decisiones de signo contrario (prioridad de la norma posterior general sobre la anterior especial).

Como puede verse, este precepto se refiere, de un modo muy vago e indeterminado, a que «el procedimiento se dirija contra el culpable», sin indicar qué tipo de acto o resolución puede considerarse, a estos efectos, como una dirección del procedimiento contra esa persona. Ello ha dado pie a distintas interpretaciones: según la jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Supremo, es suficiente con la presentación de una denuncia o querella contra el presunto culpable (eso supondría ya que «el procedimiento se dirija contra el culpable»), mientras que otras interpretaciones, como la asumida por el Tribunal Constitucional, entienden que para que el procedimiento se dirija contra alguien, es necesario que exista algún tipo de decisión o resolución por parte del órgano judicial que ponga en marcha el proceso penal (la admisión a trámite de una querella o la apertura de diligencias previas, por ejemplo). Estas diferencias pueden dar lugar a importantes consecuencias, ya que puede ocurrir (y de hecho ha ocurrido en algunos casos) que, de acuerdo con una interpretación, un delito ya esté prescrito, mientras que de acuerdo con la otra, se haya interrumpido la prescripción y, por lo tanto, pueda procesarse y condenarse al acusado. Eso ocurriría cuando, en el momento de interponer la denuncia, todavía no había transcurrido totalmente el plazo de prescripción, pero sí en el momento de que el órgano judicial iniciara el proceso. Las diferencias en la interpretación determinarán, en consecuencia, aun basándonos exactamente en los mismos hechos, si esa persona puede o no ser condenada penalmente.

Sin embargo, en muchas ocasiones los problemas de prueba no plantean muchas dificultades desde el punto de vista pragmático, puesto que usualmente los sistemas jurídicos establecen que en los casos en los que una afirmación no pueda considerarse probada (por falta del nivel mínimo de certeza exigido legalmente), los hechos cuya ocurrencia es dudosa se consideran como no acontecidos, no en el sentido de que se niegue que ocurrieron, sino en el sentido de que no se puede válidamente utilizar como premisa de una decisión jurídica la que afirma unos hechos no suficientemente constatados. Esto tiene su principal expresión en el conocido principio del derecho penal in dubio pro reo o presunción de inocencia. Por tal razón, en los supuestos en los que alguna afirmación fáctica no haya quedado suficientemente constatada, el decisor debe actuar como si los hechos no hubiesen ocurrido.

Un ejemplo de esta dificultad podría ser el siguiente: imaginemos que una persona de talante bromista decide gastar una broma a otra persona, y finalmente resuelve esperarla escondido en la entrada de su casa a que llegue y darle un susto cuando aparezca. Sin embargo, la víctima tiene el corazón delicado de salud (algo que el bromista desconoce, por otra parte) y, con la impresión del susto, sufre un ataque cardíaco y fallece. Aunque los hechos se conozcan perfectamente, puede surgir el siguiente problema: ¿se ha de considerar que esta persona ha «matado» a su víctima, en el sentido de que estos hechos son subsumibles en el antecedente del delito de homicidio (art. 138 del Código penal)? La situación plantea dudas. Por una parte, el susto responde a una acción consciente y voluntaria del agresor, y es de suponer que la víctima no hubiera fallecido de no haber sufrido la acción del bromista. Esto parece inclinarnos a pensar que el susto ha causado la muerte y, por lo tanto, que el agresor ha matado a su víctima. Pero, por otra parte, parece también que el hecho de dar un susto no es un comportamiento del tipo adecuado para poder imputar a alguien la muerte de una persona. Esto es, la persona falleció por sus especiales circunstancias de salud, pero no es imputable la muerte al susto porque el hecho de dar un susto no es un comportamiento que pueda considerarse adecuado para provocar la muerte de las personas (máxime si se desconoce su enfermedad), y así poderlo incluir en el antecedente del delito de homicidio. En este sentido, no puede decirse que el agresor haya matado a su víctima. En conclusión, no parece poder decirse de modo concluyente ni que el agresor ha matado a la víctima ni que no la ha matado.

La denotación de un término es el conjunto de objetos designados por el término (por ejemplo, la denotación de silla sería el conjunto de todas las sillas, esto es, de todos los objetos que son calificables como «silla»). Por su parte, la connotación de silla estaría formada por el conjunto de propiedades que hace que cierto objeto sea calificable como «silla»: entre otras, que sea un objeto apto para sentarse, que esté pensado para una sola persona, etc.

Por ejemplo, así como no tendríamos dudas acerca de calificar a Pau Gasol como «alto», ni tampoco dudaríamos en excluir de la tal denotación a un varón que mida 1,50 metros (son casos del núcleo de certeza), en otros casos podemos tener dudas. ¿Es «alto» un varón que mida 1,75 metros? ¿Cuántos cabellos hay que tener para no ser «calvo»? ¿Cuándo deja una persona de ser «joven»? ¿Puede calificarse como «roja» una tonalidad que tiende hacia el anaranjado o hacia el púrpura? ¿Cuántos granos de arena son necesarios para formar un «montón»? ¿Sería una «silla» el tronco de un árbol en el bosque con el tamaño, altura y forma adecuados para que una persona pueda sentarse cómodamente?

Siguiendo un ejemplo usado por el filósofo Genaro R. Carrió, ¿calificaríamos como «gato» a un animal con forma de gato pero que midiera 1,80 metros y pudiera hablar? El ejemplo puede parecernos muy forzado o fantasioso, pero eso no debe hacernos perder de vista que siempre es posible que surjan situaciones que de nuevo nos vuelvan a plantear el problema de la vaguedad. Pensemos ahora en un ejemplo, el de la palabra libro. Según el diccionario, libro significa «Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen». La definición parece clara, pero los avances tecnológicos provocan la aparición de nuevas situaciones (por ejemplo, los «libros electrónicos») en las que se planteen dudas acerca de si pueden o no calificarse adecuadamente como «libros». O pensemos en los «cigarrillos electrónicos». ¿Hasta qué punto son «cigarrillos»? ¿Está realmente «fumando» quien hace uso de estos artilugios?

En el ámbito jurídico, en ocasiones también se plantean problemas de ambigüedad sintáctica. En relación con el régimen económico matrimonial de gananciales, el artículo 1346.7 del Código civil establece: «Son privativos de cada uno de los cónyuges: [...] 7. Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor». ¿El «extraordinario valor» se refiere tan solo a los objetos de uso personal o también incluye las ropas? ¿Sería o no privativo un caro abrigo de pieles?

Cierta publicación periodística tiene el siguiente eslogan: «El primer diario que no se vende». Con ello se refiere, simultáneamente, a dos cosas: que se trata de una publicación gratuita, por la que no hay que pagar, y que además es una publicación independiente, que no está al servicio de ciertos intereses políticos y/o económicos («no se vende» en ese sentido, a diferencia de lo que –supuestamente– harían los demás).

Por ejemplo, decir que alguien es «perseverante» no es lo mismo que afirmar que es «obstinado», pues la primera expresión suele implicar una valoración positiva, al contrario que la segunda, pese a que, en ambos casos, nos referiríamos a una persona que mantiene su punto de vista o sus convicciones o propósitos a pesar de las circunstancias o argumentos en contra. De modo similar, no es igual calificar a alguien como «intuitivo» o «espontáneo» que como «irreflexivo» o «irracional», a pesar de que, desde un punto de vista descriptivo, estamos afirmando básicamente lo mismo (persona que no guía su comportamiento conforme a la reflexión racional).

Un caso curioso de carga emotiva es la que acompaña a la noción de «democracia». Hoy en día es innegable que esta palabra cuenta con una fortísima carga emotiva positiva, hasta el punto de que muchos dirigentes políticos de regímenes que difícilmente podrían calificarse como democráticos (no satisfacen la regla de la mayoría, los derechos individuales y políticos básicos, la separación de poderes, la supremacía de la ley, etc.) se esfuerzan en presentarlos como «democráticos», para así obtener la legitimidad y el prestigio asociados a ella. Históricamente, no obstante, las cosas eran muy distintas, ya que durante siglos la democracia se concibió como un ejemplo de mal sistema político (así ocurre, por ejemplo, en el pensamiento de Platón, para quien ocupa el penúltimo lugar, tan solo por delante de la tiranía; o en el de Aristóteles, para quien era una forma degenerada de la República) y, por lo tanto, calificar un sistema político como «democrático» era criticarlo y desprestigiarlo. Durante la revolución estadounidense, los críticos afirmaban que el nuevo modelo propuesto era una «democracia», y frente a ello sus partidarios se defendían sosteniendo que no se trataba de una democracia, sino de algo mucho mejor que una democracia. Con el paso del tiempo, han resultado obvios los cambios producidos en este punto.

Un ejemplo (hipotético) de interpretación correctora extensiva sería que frente a la disposición «Prohibido el acceso de vehículos de motor al parque» un intérprete sostuviera, mediante algún argumento (como, por ejemplo, que la finalidad de la norma es garantizar la tranquilidad y la seguridad en el parque), que debe entenderse que tampoco pueden acceder a él las bicicletas. El sentido literal de «vehículos de motor», tanto en el lenguaje común como en el ámbito jurídico, excluye las bicicletas, por lo que según una interpretación literal, las bicicletas no se verían afectadas por la prohibición. No obstante, mediante la interpretación ofrecida se amplía el ámbito de aplicación, lo que afecta a un supuesto (las bicicletas), que de otro modo quedaría excluido.

Supongamos ahora que la disposición establece «Prohibida la entrada de perros en el parque», pero algún intérprete sugiere (o impone, si se trata de una autoridad, como un juez) que esta disposición debe interpretarse de manera que excluye a los perros que vayan convenientemente atados con una correa y provistos de bozal. Es decir, algunos casos que quedarían incluidos en el ámbito de aplicación de la norma según una interpretación literal (la clase «perros provistos de correa y bozal» está claramente incluida en la clase «perros») son excluidos, por vía interpretativa, de su ámbito de aplicación.

En muchos de los supuestos que llegan al Tribunal Constitucional para el examen de la constitucionalidad de uno o varios preceptos legales, este opta, siempre que sea posible, por dictar una sentencia interpretativa, en la que establece que el precepto en cuestión es compatible con la Constitución, siempre que sea interpretado de cierto modo. Esto supone, en virtud de la posición que ocupa este tribunal en nuestro esquema institucional, que el resto de órganos jurídicos deberá utilizar esa interpretación del precepto o, al menos, evitar la interpretación o interpretaciones que el tribunal ha considerado contrarias a la Constitución.

Un ejemplo sería el de los diferentes significados de «funcionario público», según la rama del ordenamiento jurídico que estemos considerando. El concepto es originario del derecho administrativo y hace referencia a un estatuto jurídico muy determinado y rigurosamente regulado de ciertos trabajadores públicos. Si, en cambio, nos movemos en el ámbito del derecho penal, el concepto de funcionario público es distinto (y mucho más amplio), ya que no se limita a los individuos que ostenten la condición jurídica formal de «funcionario» según las normas del derecho administrativo, sino que, según el artículo 24.2 del CP, alcanza a cualquier persona (funcionario en sentido administrativo, trabajador público con régimen laboral, cargos electos, etc.) que «ejerza funciones públicas». Por esa razón, cuando la ley penal hace referencia a delitos cometidos por «funcionarios», se entiende que ese concepto no se limita a los funcionarios en sentido formal administrativo.

Utilizando nuevamente un ejemplo que apareció con anterioridad, el del artículo 32.1 de la Constitución sobre el matrimonio, parece bastante evidente que la interpretación tradicional de «matrimonio» es la que hace exclusiva referencia al matrimonio monogámico y heterosexual, por lo que, de acuerdo con esta tradición, cualquier otra forma de matrimonio quedaría excluida. De hecho, uno de los argumentos principales de los sectores que se opusieron a la reforma legislativa que introdujo la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo era que esta unión no podía considerarse propiamente como un «matrimonio». Si el argumento se limita a indicar que esa no es la interpretación que tradicional o históricamente se ha hecho de matrimonio, entonces difícilmente puede negarse ese extremo, pero queda en pie la cuestión de por qué debería privilegiarse esta interpretación tradicional frente a otra más acorde con la evolución social y cultural de nuestra comunidad.

En otros casos, el resultado puede ser el contrario, el de una interpretación correctora extensiva. Ello ha sido así en un número bastante considerable de decisiones del Tribunal Constitucional relativas a requisitos formales exigidos por las leyes procesales. La tónica general en estas sentencias ha sido que una interpretación excesivamente rigurosa o estricta (es decir, literal) de los preceptos procesales relativos a cuestiones o requisitos formales para ejercitar acciones, interponer recursos, etc. (como los que establecen plazos, o la documentación que hay que aportar) resulta incompatible con la finalidad de estas normas, destinadas a establecer mecanismos que permitan o faciliten la defensa o protección de derechos e intereses de las personas mediante el acceso a los tribunales.

En un parlamento, por ejemplo, las opiniones y voluntades de sus miembros pueden resultar muy dispares; no tienen por qué entender un mismo precepto de un mismo modo, y es posible que simplemente muchos de sus miembros actúen bajo la disciplina de voto de los partidos políticos, por lo que su voluntad u opinión individuales resultarán irrelevantes. Es más, no es infrecuente el caso en el que los distintos grupos parlamentarios se ponen de acuerdo precisamente en aprobar un determinado texto, que resulta lo suficientemente indeterminado o flexible como para permitir distintas interpretaciones, acordes con las respectivas orientaciones políticas. Un ejemplo paradigmático fue el consenso conseguido para la aprobación de la actual Constitución española de 1978.

En las últimas décadas, en Estados Unidos ha ido cobrando notable fuerza una corriente de pensamiento jurídico conocida como «originalismo» (originalism), que sostiene fundamentalmente que la Constitución estadounidense debe interpretarse de acuerdo con lo que pensaban sus autores, a finales del siglo xviii. Partiendo de esa base, resulta claro que la prohibición constitucional de aplicar «penas crueles e inusuales» (octava enmienda) no excluye la pena de muerte, ya que a finales del siglo xviii esta no era vista como una pena cruel, ni por supuesto inusual. También resulta clara la diferencia de criterio en temas como la esclavitud, la discriminación racial o el trato a la mujer. La cuestión clave es por qué considerar que las opiniones de estas personas deben prevalecer sobre otras consideraciones, lo que da lugar a una «tiranía de los muertos sobre los vivos» que difícilmente puede compatibilizarse con la democracia.

En contraste un posible ejemplo de la interpretación restrictiva podría ser el de la interpretación de términos como pornográfico u obsceno (recogidos en los arts. 185 y 186 del Código penal), que con toda probabilidad sería más restringida que en décadas anteriores (pensemos, por ejemplo, en actos públicos de afecto entre personas homosexuales, que hace unos años serían calificados como obscenos).

Una posibilidad sería interpretar el concepto de «violencia» exigiendo un nivel de coacción o de fuerza física tal que sea capaz de «doblegar al estado», es decir, de superar la capacidad de este para neutralizar o contrarrestar la insurrección. Pero es fácil ver que esta interpretación no resultaría adecuada, pues si se entendiera de ese modo, se llegaría a la conclusión de que la norma resulta conceptualmente inaplicable, lo que es absurdo desde el punto de vista jurídico (no tiene sentido dictar normas que sean inaplicables en cualquier circunstancia). En efecto, si se exige un nivel de violencia tan alto como para doblegar al estado, por definición todos los intentos de golpe de Estado que no triunfen no cumplirán esa condición, ya que no han sido capaces de doblegar al estado, como demuestra su fracaso. Y si la violencia utilizada ha sido lo bastante intensa como para doblegar al estado, significará que el golpe ha triunfado, con lo que se producirá un cambio de régimen constitucional y no se aplicará la sanción penal (en todo caso el nuevo régimen castigaría como «traidores» a quienes se hubieran mantenido fieles a la legalidad vigente, como ocurrió tras la victoria de Franco). Es decir, pase lo que pase, no sería posible aplicar el delito de alta traición, lo que muestra que la interpretación es rechazable por absurda.

Otro ejemplo: supongamos que una disposición urbanística de un ayuntamiento establece que no podrán edificarse viviendas de más de quince metros de altura en las calles de menos de diez metros de anchura. No existe disposición alguna en relación con la altura máxima de las edificaciones en las calles de más de diez metros de anchura. En este contexto, podría decirse que si pueden edificarse viviendas de menos de quince metros cuando la anchura de la calle es inferior a diez metros, con mayor razón podrán construirse edificios de menos de quince metros de altura en las calles con anchura superior a diez metros.

Por ejemplo, imaginemos que una disposición normativa establece que ciertas clases de perros (identificados según su raza) deben inscribirse obligatoriamente en un registro especial. Se aduce que la razón o fundamento de la norma es la peligrosidad de estos animales, lo que justifica un mayor control de estos. Partiendo de esta base, se plantea el caso de ciertas personas que poseen grandes felinos (por ejemplo, tigres). Los grandes felinos no están incluidos expresamente en el precepto, pero podría argumentarse que, a fortiori, estos animales deben también inscribirse, ya que son aún más peligrosos que los perros a los que hace referencia el precepto.

Con todo, su diferenciación respecto al argumento a fortiori resulta problemática. Como hemos visto, se dice que la analogía se basa en la similitud entre casos, y este requisito no es necesario en el razonamiento a fortiori. Una ilustración sería el ejemplo antes propuesto de los grandes felinos y la obligación de inscripción en un registro especial: la justificación de que también se inscriban los felinos no se basa en que estos y los perros sean semejantes, sino en otras consideraciones (peligrosidad). Pero si atendemos a lo que establece el artículo 4.1 CC, no basta una mera similitud, sino que se exige que exista una «identidad de razón». Es decir, como señala Guastini, tanto la analogía como el argumento a fortiori exigirían acudir al fundamento o principio que subyace a la disposición, con lo que los límites entre ambas figuras se diluyen.

La analogía se ha usado en ocasiones para aplicar normas relativas al matrimonio para casos de uniones de hecho. Hace apenas un par de décadas, el ámbito de las parejas de hecho era prácticamente un «desierto jurídico» en el que apenas había normas relativas a ese tipo de situaciones, que las regulaba de manera muy fragmentaria. Ante esta situación, algunos jueces que debían tomar decisiones sobre casos en los que estaba involucrada una relación de hecho acudían a las normas del matrimonio para dar una solución al caso (por ejemplo, para permitir la subrogación de la pareja de hecho en un contrato de alquiler), atendiendo a las similitudes que, en muchos extremos, comparten ambos tipos de situaciones.

Por ejemplo, partiendo de lo que dispone el artículo 19 de la Constitución de 1978: «Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional», se diría que esta disposición establece la norma por la que cierta categoría de sujetos (los españoles) gozan de ciertos derechos (libertad de residencia y circulación por el territorio nacional), sin que establezca nada al respecto de otras categorías de sujetos (extranjeros y apátridas): el artículo 19 CE ni reconoce ni excluye de esos derechos a los extranjeros y apátridas, sencillamente guarda silencio al respecto, ya que se refiere exclusivamente a «los españoles». La situación de los extranjeros y apátridas en relación con la posibilidad de circular o residir en España no depende del artículo 19 CE, sino de otras normas, en el caso de que estas existan (pues podría haber una laguna normativa).

Bajo esta modalidad argumentativa, se afirmaría que del artículo 19 CE se sigue que los extranjeros y apátridas no gozan de la libertad de residencia y circulación, ya que el precepto se refiere exclusivamente a «los españoles», y que con ello el constituyente ha querido excluir expresamente a los extranjeros y apátridas, pues si hubiera querido que también gozaran de estos derechos, así lo habría establecido.

Puede ilustrarse esta idea mediante el siguiente ejemplo. El artículo 81.1 de la Constitución establece: «Son Leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución». El artículo 81.2, por su parte, establece ciertas exigencias formales (mayoría absoluta del Congreso) para la aprobación de leyes orgánicas. Aquí se planteó la duda acerca de si la enumeración del artículo 81.1 era o no cerrada, puesto que de no serlo cabría la posibilidad de aprobar otras materias mediante el procedimiento de la ley orgánica, lo que da así pie a otras «leyes orgánicas» distintas a las expresamente previstas por la Constitución. La sentencia del TC 76/1983, de 5 de agosto, cerró la cuestión estableciendo que la relación era taxativa, aunque había habido previamente bastante discusión entre los constitucionalistas.